Admite que, pese a que el hijo del 'expresident' no presentó ni un solo informe, sus honorarios de 154.000 euros estaban justificados
MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -
El vicepresidente de EMTE, Carlos Sumarroca Claverol, ha alegado en un escrito remitido al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata que "la capacidad y el conocimiento del mercado" de Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del expresidente de la Generalitat de Cartaluña, le evitó tener que contratar a un 'head hunter' o cazatalentos en su proceso de expansión en México.
En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, Sumarroca defiende que, a pesar de que Pujol Ferrusola no entregó ni un solo informe por los trabajos de asesoría que realizó en el país, su labor como "consultor" puede "justificar los honorarios" que se le abonaron, que ascendieron a 154.048 euros en los años 2008 y 2009.
"No existieron informes o documentación final de la actuación del sr. Pujol Ferrusola", admite el empresario antes de destacar que, si no hubiera sido por el hijo del 'expresident', la empresa habría tenido que recurrir a una consultora especializada en recursos humanos, lo que "hubiera encarecido" el servicio "exponencialmente".
"LA APORTACIÓN SE PRODUJO"
La defensa de Sumarroca sostiene en un escrito fechado el pasado 21 de septiembre que el cometido de Jordi Pujol Ferrusola, al que el juez De la Mata investiga por el cobro de comisiones ilegales a cambio de mediar en adjudicaciones públicas, era el de llevar a cabo "la búsqueda de un socio local y un socio jurídico" para la implantación del grupo en el país.
"El consultor participó de manera directa o indirecta en su diseño y concepción (de la compañía), así como en su concreción: esa era precisamente la tarea encomendada y no otra", asegura Sumarroca, hijo de uno de los fundadores de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) junto a Jordi Pujol i Soley. "Se podrá discutir si la aportación del consultor fue o no rentable o de coste ajustado pero no si dicha aportación ciertamente se produjo y, además, exactamente en los términos pactados en el contrato", añade.
Entre las labores que supuestamente habría hecho para EMTE Pujol Ferrusola, estarían las de constituir una filial en México, contratar a un director general y realizar las primeras gestiones con clientes potenciales. Además, identificó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Pemex como clientes potenciales "más adecuados" a corto y medio plazo, respectivamente, y refirió las empresas y bancos españoles radicados en el país (Gas Natural, Gamesa, Bancomer y Santander, entre otros) y las que podían actuar como "competidores" (Elecnor, Cobra, Isolux y Abengoa principalmente).
NO HAY CORREOS NI NOTAS DE REUNIONES
Toda esta información no se plasmó en ningún documento, según esta parte, sino que se facilitó en "reuniones y contactos frecuentes" con directivos de la empresa, como el entonces director de Expansión Internacional de EMTE, Marcelino Oreja Arburua, que declaró el pasado viernes como testigo ante el juez instructor.
Sumarroca también admite que la empresa no conserva "las comunicaciones, correos electrónicos, borradores de trabajo o notas de reuniones" que pudieran existir para demostrar el trabajo de Pujol Ferrusola, ya que han transcurrido "varios años" y el grupo ha tenido que acometer "mudanzas y cambios de servidores y de sistemas operativos".
El juez De la Mata rechazó el pasado 8 de septiembre la petición de Sumarroca Claverol y su padre, Carlos Sumarroca Coixet, para que se archivara el procedimiento, en el que están imputados por los delitos de blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil.
El pasado 23 de julio tres de sus familiares (Jordi, Susana y Joaquim) fueron detenidos en el marco de la 'operación Petrum', que investiga el pago de comisiones del 3 por ciento a una fundación de CDC a cambio de la adjudicación de contratos públicos.
De igual modo, el juez rastrea las entregas por valor de 448.224 euros que EMTE realizó a las compañías del exvicepresidente del Fútbol Club Barcelona Jaume Ferrer Graupera en 2005, que sospecha que tenían como destinatario final a Pujol Ferrusola, que recibió en esas fechas 435.000 euros por supuestas labores de asesoría en la implantación de sistemas de calidad.
