El Supremo comunica un cambio de magistrados en el tribunal que juzgará a Ábalos: Vicente Magro por Ana Ferrer

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo ha informado este miércoles del cambio de un magistrado en la sala que juzgará al exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas en pandemia: Vicente Magro sustituye a Ana Ferrer por "necesidades del servicio".

Así consta en una providencia, recogida por Europa Press, en la que se explica que el cambio se produce "atendidas las necesidades del servicio, documentalmente acreditadas en modo suficiente", siendo Magro "a quien por turno corresponde" reemplazar a Ferrer.

De esta forma, los miembros del tribunal serán el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, junto a los magistrados Julián Sánchez Melgar, Manuel Marchena, Andrés Palomo, Vicente Magro, Eduardo de Porres y Javier Hernández.

Un cambio que se ha notificado un día antes de la audiencia preliminar que celebrará el Supremo este jueves --con Ábalos, Koldo y Aldama presentes para escuchar las alegaciones de sus defensas-- de cara al juicio de las mascarillas, que se prevé para abril.

PETICIONES DE HASTA 30 AÑOS DE CÁRCEL

El magistrado instructor de la causa, Leopoldo Puente, acordó procesar a Ábalos, Koldo y Aldama al considerar que los tres "se concertaron" para aprovechar la condición del entonces ministro y su "influencia" para "beneficiarse económicamente de la adjudicación de contratos que pudieran realizarse en el ámbito de la Administración Pública, así como para aprovechar en su beneficio económico cuantas oportunidades se les pudieran presentar de hacerlo valiéndose de dicha valiosa influencia".

Puente también decidió el pasado 27 de noviembre la entrada en prisión provisional de Ábalos y Koldo por riesgo "extremo" de fuga ante la proximidad del juicio.

La Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y siete para Aldama. Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por el PP, reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario solicitan la misma pena que el Ministerio Público.

Anticorrupción atribuye al exministro y su exasesor presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. Al empresario le aplica la atenuante de confesión y le achaca solo los tres primeros delitos.