El Supremo estudia si le compete resolver la petición de Sánchez para participar en un debate electoral en prisión

Publicado 08/04/2019 14:10:51CET

Ya ha dado traslado al Fiscal sobre la libertad de los presos y podría resolver sobre la recogida de actas

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sala que juzga el 'procés' independentista en el Tribunal Supremo estudia este lunes, y previsiblemente dará a conocer mañana, si le compete o no tomar una decisión sobre la celebración de un debate electoral en la prisión de Soto de Real (Madrid) que solicita el candidato al Congreso por JxCat Jordi Sánchez, expresidente de Asamblea Nacional Catalana (ANC) y para quien se solicitan 17 años de cárcel por rebelión en este procedimiento.

Así lo han señalado a Europa Press fuentes jurídicas, que explican que en los próximos días se darán a conocer dos resoluciones relacionadas con los derechos políticos de los presos, la relativa al debate -una cuestión que ha llegado al Tribunal remitida por la Junta Electoral Central (JEC)-- y la que resolverá si los cinco políticos independentistas presos que están siendo juzgados salen en libertad para poder participar en campaña, tal y como han solicitado sus defensas.

Respecto a la primera de las resoluciones, deriva de una decisión adoptada la semana pasada por la JEC, que considera "materialmente imposible" que el cabeza de lista de Junt per Cat al Congreso por Barcelona pueda participar en un debate electoral en la cárcel de Soto del Real (Madrid) en la que está en prisión preventiva mientras se juzga su papel en el 'procés'.

El órgano electoral remitió la decisión a la Sala del Tribunal Supremo que está juzgando el caso.

El tribunal está integrado por un total de siete magistrados, dos de los cuales, Luciano Varela y Ana Ferrer, han sido designados además miembros de la propia Junta Electoral Central, aunque se apartan de todas las decisiones que tengan que ver con este asunto.

POSIBLES RESPUESTAS

Así, la sala valora si resuelve sobre el fondo, se declara incompetente, por tratarse de una decisión de estricto ámbito penitenciario, o incluso plantea cuestión de competencia ante la Sala que se encarga de este tipo de asuntos, que es la denominada del artículo 61.

Como precedente estarían las resoluciones denegatorias que ya realizó el instructor del caso, Pablo Llarena, cuando Sánchez fue candidato al Parlament, en el sentido de que son los partidos y no los candidatos los que hacen campaña, y que éstos últimos ya sabían antes de presentarse las limitaciones que podría suponer encontrarse en situación de prisión provisional.

LIBERTADES Y ACTAS.

Respecto a las libertades, fuentes de la Sala han señalado que lo más probable es que la resolución se de a conocer en los próximos días puesto que el pasado viernes se dio traslado a la Fiscalía para que informe al respecto y la respuesta se espera para mañana martes.

La defensas del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, de los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull y del expresidente de ANC Jordi Sànchez solicitaron la semana pasada al tribunal que les excarcele para que puedan participar en la campaña electoral, una vez han sido declarados oficialmente como candidatos al Congreso y al Senado (en el caso de Romeva) en las listas de ERC y JxCat.

Las solicitudes se presentaron un día después de que el BOE publicara el 2 de abril la lista oficial de candidatos a los comicios, ya que a juicio de las defensas el mantenimiento de la medida cautelar de prisión provisional comenzará a afectar a los derechos de participación política desde el próximo día 12, fecha de arranque de una campaña en la que no podrían participar.

Como alternativas a la prisión, las defensas proponen la limitación de los movimientos e sus clientes a la comunidad autónoma o al término municipal de Madrid, complementada con controles telemáticos o policiales, o incluso su arresto domiciliario controlado, de modo que puedan participar en actividades de campaña electoral.

El Tribunal que preside Manuel Marchena deberá decidir entonces si excarcela a los candidatos y de hacerlo, si mantiene o no la medida de prisión para los otros cuatro encausados en la cárcel que no se presentan a los comicios del 28-A: Carme Forcadell, Meritxell Borrás, Jordi Cuixart y Joaquim Forn.

Con independencia de la decisión que adopte la Sala, cuando los candidatos salgan elegidos podría producirse una nueva batería de peticiones de las defensas, que podrían solicitar que se les deje salir para poder acudir al Congreso y poder jurar o prometer su acatamiento a la Constitución -aunque sea utilizando la fórmula 'por imperativo legal'-- y adquirir así formalmente su condición de diputados.

Se trata de una petición que podría recibir el visto bueno por parte del tribunal -incluso en la próxima resolución y sin esperar a que lo pidan expresamente- ya que la legislación electoral autoriza a los presos preventivos a formar parte de candidaturas.

En este caso el precedente juega a su favor, puesto que Llarena impidió en su día a Sánchez y a otros presos acudir al Parlament a por su acta porque el Reglamento del Parlament no requería su presencia física, y se optó por la delegación.

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