MADRID, 29 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Supremo revisará este miércoles en vista pública las condenas de entre 10 y 20 años de prisión impuestas por la Audiencia Nacional en abril del pasado año a seis miembros de un comando de los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO) que guardaron documentación falsa, detonadores, un revolver, una pistola y munición en sus domicilios y en dos zulos ubicados en el municipio murciano de Ricote y en la localidad barcelonesa de Arenys de Munt.
El tribunal que juzgó este caso, presidido por el magistrado Javier Gómez Bermúdez, condenó a 11 años y ocho meses de prisión a Manuel Ramón Arango, Isabel María Aparicio y José Francisco Cela Seoane por un delito de integración en organización terrorista y otro continuado de falsedad en documento oficial. Además, se impuso a cada uno de ellos una multa de 4.320 euros.
Los recursos de casación presentados contra esta resolución de la Audiencia Nacional serán revisados por una Sala de cinco magistrados y el ponente de la sentencia será Juan Ramón Berdugo, han informado fuentes del alto tribunal.
La pena más alta se impuso en su día fue para Lucio García Blanco al considerarle culpable de un delito de integración en organización terrorista, otro continuado de falsedad documental, uno de tenencia y depósito de aparatos explosivos con fines terroristas y un delito de tenencia de armas, por los que deberá cumplir 20 años y once meses en prisión.
Además, se condenó a Jorge García Vidal a 10 años de cárcel por un delito continuado de falsedad en documento oficial y otro de tenencia de aparatos explosivos con fines terroristas y, finalmente, se castigó con 12 años de prisión a Israel Clemente por falsedad en documento oficial, tenencia y depósito de sustancias explosivas y tenencia ilícita de armas.
"CONTROLES DE PASMA"
La Audiencia Nacional ha declarado probado que los seis condenados formaban un comando que había recabado datos sobre posibles objetivos, entre los que se encontraban sucursales bancarias, y realizaban labores de formación en la fabricación de explosivos. Para ocultar su identidad y pasar inadvertidos en "los controles de pasma" --en referencia a la Policía--, los procesados poseían diversa documentación falsa que fue incautada posteriormente en los registros domiciliarios practicados.
Tras su detención en Barcelona en 2007, las Fuerzas de Seguridad también intervinieron comunicados --entre ellos uno en el que reivindicaban el asesinato de la empresaria Ana Isabel Herrero-- y documentos referidos a los GRAPO en los zulos y algunas de las viviendas. De hecho, en el domicilio de Israel Clemente se halló un manuscrito denominado "tartas" que recogía información sobre explosivos y posibles objetivos.
Para condenar, la Audiencia Nacional tuvo en cuenta las declaraciones que efectuaron Israel Clemente y Xurxo García Vidal durante la vista oral en las que reconocieron que ordenaron esconder armas en los dos zulos localizados.
