MÁLAGA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Provincial de Málaga suspendió hoy hasta el 19 de junio el juicio contra 18 miembros de una organización, unida por vínculos familiares y de amistad, acusados de blanquear a través de agencias de cambio instaladas en distinta localidades de la Costa del Sol Occidental alrededor de 136 millones de euros, dinero procedente del narcotráfico, desde 1997 a 2000. La Fiscalía solicita en total 97 años de prisión.
La Sección Primera decidió la suspensión ante la incomparecencia del letrado de uno de los acusados, quien comunicó telefónicamente a la Sala que se encontraba enfermo, tras lo que se le pidió a un médico forense que le examinara. Esta es la tercera vez que se aplaza el inicio de la vista oral y en la última ocasión se debió a que el principal acusado fue ingresado en el hospital al sufrir "síndrome vertiginoso".
El fiscal considera, según las conclusiones provisionales a las que tuvo acceso Europa Press, que la red se dedicaba "a facilitar a narcotraficantes de diferentes países la posibilidad de convertir las divisas obtenidas con la venta de drogas en pesetas". Así, al frente de la red estaba el acusado David C.G, quien, según el escrito, tenía numerosos contactos personales y telefónicos con personas extranjeras, alguna de las cuales fueron identificadas y se pudo comprobar que "habían sido detenidas, y en ocasiones, acusadas y condenadas por delitos contra la salud pública".
Este y su compañera sentimental, también imputada, Marina N.C., tenían varios establecimientos de cambios de divisas en la localidad malagueña de Marbella y otro en Fuengirola. Según los datos de la balanza de pagos del Banco de España, recogidos en el escrito del fiscal, las cifras totales de cambios de divisas realizados por éstos fueron de unos 62 millones de euros.
Como personas de confianza de esta pareja, para el fiscal, estaban Francisco J.N.C. y Juan A.G.M., gestor y empleado, respectivamente del principal acusado, mientras que los también empleados Sergio R.L.O., Philippe E.C., Sara S.D. y Sofía B.A., eran "conocedores" de las actividades.
En la organización también participó, presuntamente, César C.G., el hermano de David y titular de otras dos agencias en Marbella y Benalmádena, y su compañera sentimental Mouna K., que abrió otra en Torremolinos, ambos, según los datos del Banco de España, cambiaron 31 millones de euros. Como ayudantes estaban el empleado Jorge M.G. y María E.Z.M., que atendía el teléfono y daba los recados.
Para el Ministerio Fiscal, otros dos miembros eran María J.N.C., hermana de Marina, y su esposo José M.J.C., quienes "centran sus operaciones" a través de una agencia de cambio de moneda situada en San Pedro Alcántara, en el término municipal de Marbella, y además realizaron "cambios de importantes cantidades por encargo de David C.".
Otro supuesto miembro de la red era Jorge A.A.S., amigo del principal acusado, que tenía firma autorizada de él y de su compañera en diversas entidades bancarias. Este realizó, supuestamente, actividades similares a través de la agencia de cambio de la que era titular en Marbella.
Asimismo, otros dos acusados son los hermanos Igor C.P. y Silvia M.C.P., quienes ayudaban a David "poniéndose de acuerdo para determinar el tipo de cotización de las diferentes divisas, para acudir a los bancos para cambiar los mismos días y con el mismo tipo de moneda". Para estas actividades utilizaban las oficinas de cambio que tenían en Fuengirola.
El principal acusado utilizó también, supuestamente, las transferencias internacionales para blanquear, para lo que contó con la ayuda de José R.M.M., titular de una agencia inmobiliaria, quien a cambio de una comisión realizó a través de cuentas bancarias transferencias "elevadas" al extranjero.
Surgieron algunos problemas, por lo que David le reclamó a éste último la devolución de grandes cantidades de dinero, que, según decía, no habían sido transmitidas. Por este motivo, recibió amenazas, contra él y su familia, de tal gravedad que le hizo llamar a la Policía y denunciar lo sucedido. Este se encuentra declarado en rebeldía.
El fiscal acusa a 13 de los imputados como autores del delito de blanqueo y les pide a cada uno seis años de prisión, excepto a David C.G., para el que pide ocho años y además otros siete por detención ilegal y amenazas. Para cinco de los procesados, la solicitud de pena es de dos años de prisión, al considerarlos cómplices del blanqueo.
