El Juzgado de lo Penal número 7 suspende otro juicio previsto para el próximo día 19, también por cambio de un abogado
MÁLAGA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga suspendió la vista prevista para hoy en la que se iba a estudiar el recurso de apelación presentado contra la sentencia del Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga que condenó a un año de prisión y ocho de inhabilitación al ex alcalde de Marbella (Málaga) Julián Muñoz y a otros seis ediles de la Corporación de 1999 por un delito urbanístico al conceder licencia a la empresa Promoción de Edificaciones Industriales, Proinsa.
El presidente de la Sala decidió la suspensión tras solicitar el abogado de la acusada Dolores Zurdo un aplazamiento de la vista, ya que, según expuso al Tribunal, se había personado y, por tanto, hecho cargo de la defensa de la acusada, sólo hacía unos días y no había tenido tiempo de preparar la defensa del recurso.
El fiscal se opuso a esta suspensión y pidió que se continuara según lo previsto, al considerar que los planteamientos en los que se basa el recurso ya están expuestos por escrito, en tanto que el documento ya fue presentado con anterioridad y la vista sólo es para defenderlos. El resto de los letrados no se manifestaron acerca de la suspensión.
Aunque el magistrado aseguró compartir los términos planteados por el fiscal del caso, decidió aplazarla, sin que aún se haya puesto nueva fecha, con el fin de no crear una posible indefensión o no exponer el proceso a petición de nulidades en un futuro.
En concreto, el recurso presentado en nombre de Dolores Zurdo cuenta con unos 110 folios y fue elaborado por el abogado Ernesto Osuna, que actualmente representa a otros tres acusados como son Manuel Calle, Rafael González y Marisa Alcalá.
La Sección Segunda ya vio el recurso a la sentencia condenatoria --de seis meses de prisión y ocho años de inhabilitación--, dictada por el mismo órgano penal en el conocido como caso 'Banana Beach'; desestimando los planteamientos de las defensas.
Precisamente, por esta causa, el juez pidió el ingreso en prisión de Muñoz y el resto de ediles, aunque, posteriormente, dictó un auto por el que acordó la suspensión de la pena impuesta mientras se tramita el indulto solicitado por las defensas. Este auto fue recurrido por la Fiscalía y se encuentra pendiente de resolver.
En la sentencia recurrida, se consideró probado que la comisión de gobierno, presidida por Muñoz como alcalde accidental y formada por Rafael González, Mario Jiménez, Manuel Calle, Juan Antonio Yagüe, María Luisa Alcalá y Dolores Zurdo, concedió licencia al proyecto básico presentado por Proinsa según el documento de revisión del planeamiento municipal, que, "sin embargo, no se encontraba vigente, al no haber sido aprobado definitivamente por el órgano supramunicipal competente --la Junta-- ni publicado en el Boletín Oficial correspondiente".
Se indicaba que dicho permiso, para la edificación de viviendas, garajes y locales comerciales en una parcela situada al oeste del Palacio Polivalente, se otorgó "conociendo los acusados la falta de vigencia de la mencionada revisión"; y se determina, además, que en el momento de concederse la licencia de obras, que no han sido ejecutadas, "la normativa urbanística vigente en el municipio de Marbella venía constituida por el PGOU aprobado en el año 1968".
OTRA SUSPENSION
Por otro lado, el Juzgado de lo Penal número 7 de Málaga ha suspendido, también por el mismo motivo, el juicio previsto para el próximo día 19 de este mes, en el que Muñoz y los mismos ediles, junto con el concejal Pedro Román, están acusados de un delito contra la ordenación del territorio por conceder licencias a particulares sobre terrenos rústicos de protección de vías de comunicación o de protección de cultivos, según el PGOU de 1968; y calificados como no urbanizables, según el plan del 86.
En este caso, el fiscal considera que los acusados otorgaron en dos comisiones de gobierno, celebradas en febrero del 97 y en marzo del 98, tres licencias "obviando la normativa jurídica existente sobre dichos suelos, en ejecución y de acuerdo con convenios particulares entre el Ayuntamiento y los interesados" y antes de que esos acuerdos "hubieran sido incorporados al plan general". Considera que los ediles seguían "las determinaciones del entonces alcalde Jesús Gil".
Por un delito continuado, el ministerio público solicita para los acusados 20 meses de multa e inhabilitación durante nueve años; mientras que para la edil Dolores Zurdo, que no estuvo en la primera de las comisiones de gobierno en las que se autorizaron dos de las licencias, pide la pena de 14 meses de multa e inhabilitación para empleo o cargo público durante siete años.
