Suspendido el acto de conciliación al que se citó a Marín, Rojo y López Aguilar por conceder el Premio Pelayo a Casas

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Primera Instancia número 20 de Madrid ha suspendido el acto de conciliación al que habían sido citados mañana los presidentes del Congreso y del Senado, Manuel Marín y Javier Rojo, el ex ministro de Justicia Juan Fernando López Aguilar, el presidente del Consejo de Estado, Francisco Rubio Llorente, el defensor del pueblo, Enrique Múgica, la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, y los magistrados del Tribunal Constitucional Eugenio Gay y Ramón Rodríguez Arribas para explicar si su participación en el Premio Jurista Pelayo, que en su última edición recayó en la presidenta del TC, María Emilia Casas, violó el principio de imparcialidad de la Ley de Incompatibilidades.

El titular del Juzgado, José María Pereda, informó hoy de la suspensión del acto a todos los citados y a los promotores del mismo, la Asociación Preeminencia del Derecho, presidida por el abogado José Luis Mazón. El magistrado señala que antes de celebrar la vista debe resolver los recursos de reposición presentados por el letrado de la Comunidad de Madrid, en representación de Aguirre, y por los abogados de los magistrados del Constitucional Gay y Rodríguez Arribas, informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

En la providencia que dictó a principios de este mes, el magistrado Pereda advertía a las personalidades citadas que en el caso de que no se personaran en la sede judicial en la fecha acordada se daría el acto por "intentado sin efecto", condenándoles al pago de las costas procesales.

Con esta iniciativa, el abogado Mazón pretende que Marín, Rojo, López Aguilar, Múgica y Aguirre "reconozcan que la utilización del cargo que han hecho al formar parte de la Mesa Presidencial del Premio Jurista Pelayo del pasado 16 de noviembre constituye una infracción jurídica de sus obligaciones legales establecidas por la Ley de incompatibilidades".

Según consta en la demanda de conciliación, a la que tuvo acceso Europa Press, con su participación en dicha Mesa, "comprometen la imparcialidad y neutralidad de la institución al formar parte de un acto de publicidad empresarial de una firma mercantil como es Pelayo". También les pregunta sobre si han recibido algún tipo de contraprestación por su asistencia.

En cuanto a los magistrados del Tribunal Constitucional Eugenio Gay y Ramón Rodríguez Arribas, la demanda les imputa ser integrantes del jurado del Premio Pelayo, que en la pasada edición le fue entregado a la presidenta del alto tribunal, María Emilia Casas.

QUERELLA CONTRA CASAS.

Se da la circunstancia de que el pasado mes de diciembre Mazón presentó una querella contra Casas ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra la presidenta del Tribunal Constitucional por un posible delito de aceptación de dádiva o regalo en consideración al cargo, por aceptar el premio Pelayo a juristas de prestigio, dotado con 30.000 euros.

En el texto de su querella, el abogado murciano señala la posible comisión por la magistrada de un delito del artículo 426 del Código Penal, que señala que la autoridad o funcionario público que admitiere regalos que le fueren ofrecidos en consideración a su función incurrirá en una pena de multa de tres a seis meses.

El premio se concedió a Casas en reconocimiento a su labor como catedrática en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, una justificación que el abogado califica de "surrealista" porque la magistrada no ha ejercido como tal desde 1998.

Por ello, cree que la motivación del premio "esta camuflada" y que la presidenta del Constitucional ha aceptado la distinción "en detrimento de la dignidad del cargo que ocupa, a sabiendas de que no se le habría dado el citado premio de no ejercer altas funciones en el Tribunal Constitucional". Agrega que su actitud afecta a la apariencia de imparcialidad de su función en el alto tribunal.

Este letrado consiguió notoriedad pública en enero de 2004, después de que el Tribunal Supremo condenara a 11 magistrados del Tribunal Constitucional, entre ellos su entonces presidente, Manuel Jiménez de Parga, a indemnizarle con un total 5.500 euros (500 euros cada uno) por archivar un recurso de amparo sin estudiarlo.