El TC archiva los recursos que pedían suspender el acuerdo del Congreso respecto a Sánchez, Rull y Turull

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha declarado de forma unánime la pérdida de objeto de las piezas separadas de suspensión como diputados en el Congreso de Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull.

En tres autos diferentes, el tribunal de garantías argumenta que los efectos de los acuerdos de la Mesa del Congreso de los pasados 24 de mayo y 11 de junio "se han agotado" tras haber concluido el mandato de los tres dirigentes independentistas al disolverse las Cortes el pasado mes de septiembre. El incidente ha perdido objeto al haber concluido la legislatura, pues tal circunstancia ha determinado la pérdida de la condición de diputado de los recurrentes en amparo.

FALTA RESOLVER EL FONDO

Sin embargo, aún queda pendiente en el TC una adopción sobre el fondo de este asunt al concurrir en este asunto "una especial trascendencia constitucional", ya que el problema de fondo afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay aún doctrina.

La suspensión "automática" en el ejercicio del cargo, así como de sus derechos y deberes de los cuatro presos, se impuso en aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), no fue una decisión unánime de todos los miembros de la Mesa, pues los dos diputados de Unidas Podemos mostraron su desacuerdo a que fuera la Cámara quien llevara a cabo esta decisión y no el Tribunal Supremo.

No obstante, la suspensión se acordó tras analizar el informe redactado por los servicios jurídicos de la Cámara, a quien la Mesa consultó al existir "dudas" sobre si aplicar la dicho precepto o el artículo 21.2 del Reglamento del Congreso. La petición se realizó después de que los magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo respondieran a la entonces presidenta Meritxell Batet que el encargado de suspender a los diputados es la propia Cámara Baja.

Los letrados del Parlamento dieron el aval a la LECrim, que ordena la suspensión del cargo público en caso de procesamiento por delito de rebelión, como es el caso de Junqueras, Sànchez, Rull y Turull, que se encuentran a la espera de conocer la sentencia del Tribunal Supremo.