El TC quiere priorizar los recursos contra el Estatut, que pueden ser 7, al entender que afecta a leyes fundamentales

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Constitucional quiere dar prioridad a la tramitación de los recursos que se presenten contra el Estatuto de Cataluña por entender que su contenido afecta a leyes fundamentales, según explicaron a Europa Press fuentes del Alto Tribunal. El TC debe determinar aún en qué plazos y de qué forma atiende esos recursos, que pueden llegar a ser siete.

Hasta el momento, han registrado sus recursos frente al nuevo texto estatutario catalán, el PP y el Defensor del Pueblo, aunque las comunidades autónomas de Valencia, Aragón, La Rioja, Murcia y Baleares han anunciado que harán lo propio antes de que se agote el plazo establecido, el próximo 19 de octubre, y preparan sus argumentos.

Pese a que el Constitucional pretende resolver cuanto antes sobre el Estatuto catalán, por si puede afectar a normas fundamentales del ordenamiento jurídico, debe estudiar si, previamente, resuelve los recursos admitidos ya a trámite de Aragón y Castilla La Mancha contra el Estatuto valenciano.

Tampoco tiene aún claro si estudiará por separado los recursos que sean admitidos contra el texto catalán o, por el contrario, los agrupará para dictaminar sobre los artículos estatutarios abordados en varios de esos recursos.

Y además, el Constitucional debe concluir si resuelve primero sobre la admisión a trámite de estos recursos o la recusación que, nuevamente, han presentado los 'populares' contra el magistrado Pablo Pérez Tremps.

En cualquier caso, las fuentes consultadas en el Constitucional advierten de que la resolución de todas esas dudas formales, unido al posible agotamiento del plazo previsto para alegaciones, podría conllevar que no se empiece a estudiar el "fondo" de los recursos hasta finales de año.

NUEVA RECUSACIÓN

El principal partido de la oposición ya demandó la recusación del citado juez cuando presentó recurso de amparo contra la tramitación en el Congreso del proyecto de reforma estatutaria, alegando que había perdido "imparcialidad" por haber participado, junto a otros expertos, en un libro titulado 'Estudios sobre la Reforma del Estatuto', encargado y remunerado por el Instituto de Estudios Autonómicos de la Generalitat. El Pleno del TC lo rechazó entonces por ocho votos a tres.

Ahora, el PP ha aprovechado la presentación de su recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto aprobado en referéndum para volver a insistir en la recusación de Pérez Tremps, incidiendo en que no debe participar en la resolución de su recurso por haber hecho previamente un dictamen sobre el Estatuto en cuestión.

CUESTIONES DE FONDO

El PP presentó su recurso el pasado 31 de julio. Los 'populares' urgen al Tribunal Constitucional a resolverlo porque, además de que el Estatut a su juicio afecta a preceptos fundamentales, entienden que la sentencia será "ejemplar" para las demás reformas estatutarias en marcha.

El recurso afecta al preámbulo de la ley, a 114 de los 223 artículos del Estatut y a 12 disposiciones y en sus ejes principales afecta a la definición de Cataluña como nación, la obligatoriedad del catalán, la regulación de derechos y deberes, la legislación judicial, el reparto competencial y la relación bilateral con el Estado.

En conjunto, el PP explica que el objetivo general del recurso es defender la Constitución, puesto que el Estatut "está configurado como una Constitución paralela", y la igualdad de todos los españoles.

El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, apela por su parte al "valor superior de la igualdad" en que "se fundamenta" la Constitución Española para justificar el recurso contra el Estatuto de Cataluña, que en diversos aspectos entiende que sienta una "desigualdad" entre ciudadanos.

El recurso se resume en siete capítulos y afecta a más de un centenar de artículos: contra la regulación de derechos y deberes y principios rectores, contra que los orígenes del poder de la Generalitat sea el pueblo catalán, porque "expresa una diferenciación" con la soberanía nacional; contra la regulación de la lengua, el capítulo judicial, las competencias, la bilateralidad y la exclusividad del Síndic de Greuges para supervisar a la Administración catalana.

DEL AGUA DEL EBRO A LA CORONA DE ARAGÓN

Además del PP y el Defensor del Pueblo, preparan recursos contra el Estatut varias Comunidades Autónomas. La Comunidad Valenciana lo dirige contra la gestión catalana del agua, la regulación de los fondos de la Corona de Aragón y la financiación. Contra la primera parte, redacta un recurso también Murcia; contra la segunda, Aragón y las Islas Baleares; y contra la tercera, el Gobierno de La Rioja, que anuncia también argumentos contra otros capítulos como el blindaje de las competencias.

Mientras las cuatro primeras comunidades cuentan con acuerdos de sus gobiernos para preparar los recursos, el caso riojano es por el momento un anuncio de intenciones.

Murcia y la Comunidad Valenciana recurren contra la obligación que recoge el Estatut de que la Generalitat catalana emita un informe, "preceptivo", para "cualquier propuesta de trasvase de cuencas que implique la modificación de los recursos hídricos" de Cataluña. Entienden que invade la competencia exclusiva del Estado para legislar los recursos de agua y que se asienta un trato diferencial para Cataluña.

Respecto al Archivo de la Corona de Aragón, valencianos, aragoneses y baleares creen que se puede romper la unidad por la posibilidad de que se integren en el sistema de archivos de Cataluña fondos de esta comunidad en el Archivo; dicen también que se crea una desigualdad de trato entre las autonomías que lo comparten.

CONTRA LA RESERVA DE AGUA VALENCIANA

Por el momento, ninguno de estos recursos contra el Estatuto de Cataluña ha sido presentado. Los que sí se encuentran ya en el Alto Tribunal, y admitidos a trámite, son los de Castilla-La Mancha y Aragón contra el Estatuto de la Comunidad Valenciana. Mientras esta comunidad recurre contra el Estatuto catalán por la gestión del Ebro, su Estatuto es también enviado al TC por el asunto del agua.

Estos dos recursos van dirigidos contra el derecho que el texto otorga a los valencianos a redistribuir los excentes de las cuencas hidrográficas. El artículo 17 del Estatuto sienta en su primer punto el derecho de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana a tener agua de calidad y a "los sobrantes de aguas de cuencas excedentarias atendiendo a criterios de sostenibilidad, de acuerdo con la Constitución y la legislación estatal".

"Los ciudadanos y ciudadanas valencianos tienen derecho a gozar de una cantidad de agua de calidad, suficiente y segura, para atender a sus necesidades de consumo humano y para poder desarrollar sus actividades económicas y sociales de acuerdo con la Ley", se añade.

Desde Castilla-La Mancha, se entiende que con esta regulación, la Comunidad Valenciana asume competencias del Estado y contradice la igualdad entre españoles que establece la Constitución, que dice en su artículo 138 que "las diferencias entre los Estatutos no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales".

Los aragoneses entienden, por su parte, que esta regulación deja la puerta abierta a un futuro trasvase del Ebro y explican que una comunidad no puede reclamar el uso de agua de otras cuencas sin contar con la opinión de la cuenca cedente. De hecho, en su proyecto estatutario, el Gobierno aragonés se reserva el derecho de emitir informes vinculantes al respecto.