Territorio valenciano pide a promotores "máxima colaboración" para desarrollar la vivienda bajo un modelo "sostenible"

VALENCIA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Territorio y Vivienda de la Generalitat valenciana, Rafael Blasco, pidió hoy a los promotores y empresarios de la construcción de la Comunidad Valenciana "su máxima colaboración" para que la nueva etapa del urbanismo valenciano, "tras la defunción de la Ley de Regulación de la Actividad Urbanística (LRAU)", "abra mejores expectativas de crecimiento y bienestar para todos con el fin de que el mercado de la vivienda y la construcción se desarrolle al amparo de un modelo sostenible y respetuoso con el territorio".

Rafael Blasco explicó asimismo que "este mensaje de optimismo" lanzado al sector promotor "cobra sentido hoy una vez que el Gobierno de España haya anunciado recursos contra los proyectos inmobiliarios impulsados en la Comunidad".

En este sentido, aseguró que "la incertidumbre a la que continuamente somete el Gobierno central" a los valencianos "con amenazas de frenar el progreso de la Comunidad contrasta con el deseo de colaborar por parte del Consell".

Así, aseguró que "las cosas se están haciendo bien" y al respecto, apuntó que "se hacen bien porque las leyes de la Comunidad, ejerciendo sus competencias, ya aseguran que nadie tendrá una casa sin tener garantizado el suministro hídrico, una calidad de vida digna con zonas verdes, reducción de ruido, menos impacto ambiental y vivienda accesible".

Asimismo, Blasco recordó que "cualquier reclasificación de suelo requerirá para su aprobación proceder a la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), tramitación que se inicia con la presentación ante la Conselleria de Territorio y Vivienda del concierto previo del PGOU".

Indicó que "este concierto previo ya se tramitará de acuerdo con la Ley Urbanística Valenciana (LUV), por lo que, entre otras cuestiones, deberá ser expuesto al público por un plazo mínimo de un mes". "La exposición en esta fase de concierto previo no estaba previsto en la LRAU socialista", apostilló.

"El nuevo Plan General" --añadió-- "cumplirá tanto con la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje (LOTPP) como con la LUV".

El titular de Territorio y Vivienda indicó que en la LOTPP "se deja bien claro" que la conselleria "no aprobará la declaración de impacto ambiental a la hora de dar luz verde a un programa de actuación urbanística mientras los ayuntamientos no garanticen mediante certificado, que es obligatorio, la disponibilidad de agua que le concede el organismo de cuenca correspondiente". Además, se requerirá un informe del organismo de cuenca para la implantación de usos residenciales, industriales, terciarios, agrarios u otros que impliquen un incremento del consumo de agua, aseveró.

Asimismo, el conseller insistió en que la normativa valenciana "responde a los criterios de sostenibilidad y calidad de vida previstos en la LOTPP". Apuntó también que la clasificación de suelo no urbanizable a urbanizable conllevará la obligación de ceder gratuitamente suelo no urbanizable protegido en una relación un metro cuadrado suelo clasificado un metro cuadrado suelo no urbanizable protegido; un estudio de paisaje en el que se catalogará, valorará y protegerá el paisaje con un inventario de los recursos paisajísticos del municipio; un estudio de necesidades de VPO para reserva de suelo para ese tipo de vivienda; un estudio de impacto ambiental y un estudio acústico.

Por estos motivos, Blasco consideró que el Consell "ha cerrado la renovación legislativa más importante en ordenación del territorio en la historia de esta autonomía", puesto que, dijo, "el camino iniciado hace ahora dos años y medio ha culminado con un marco legal en el que Administración y promotores se comprometen a impulsar un urbanismo social y sostenible por excelencia".

El titular de Territorio y Vivienda también ha advertido a los promotores que "la consecución de este territorio privilegiado se conseguirá con todas las garantías legales" y en este sentido ha dejado bien claro que "la Ley Urbanística subsana definitivamente los incumplimientos del Derecho comunitario que se recogían en la difunta LRAU socialista, a través de la regulación de un procedimiento de adjudicación de los PAI totalmente transparente y objetivo, que favorece la libre concurrencia y que exige el impulso público en todos sus trámites".

Rafael Blasco apeló a la "responsabilidad" del Gobierno central porque, apuntó, "a fecha de hoy la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación todavía no ha sido transpuesta por parte de este Ejecutivo".

"PRECEDENTE LAMENTABLE"

En esta línea, sostuvo que esta situación ya tiene "un precedente lamentable", ya que "el 13 de enero de hace un año el Tribunal de Justicia Europeo ya condenó al Estado español por incumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud de las Directivas 93/36/CEE y 93/97/CEE --contratos públicos de suministros y obras, respectivamente--".

Manifestó que el legislador estatal, "que es quien tiene la competencia para transponer las Directivas europeas en esta materia", "nunca incluyó en el ámbito de aplicación de las normas españolas reguladoras de la contratación de las Administraciones públicas a las relaciones jurídicas entre los Ayuntamientos y las figuras autonómicas similares al agente urbanizador de la LRAU, ni a través del texto refundido de la Ley de Contratos ni a través de la Ley de Suelo y Valoraciones".

Entre las "grandes innovaciones" de la LUV, subrayó "la ampliación de las competencias a los ayuntamientos, el reconocimientos de mayores ventajas y derechos a los pequeños propietarios de suelo, el fomento de la vivienda protegida y el aumento de la transparencia y la igualdad de oportunidades en la selección del urbanizador".