El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce
CADENA SER
Actualizado: lunes, 17 diciembre 2012 14:47


MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha afirmado que "algunas" de las nuevas tasas judiciales que han entrado en vigor este lunes son "excesivas" y "deben considerarse" porque podrían "dificultar el acceso a la Justicia".

En una entrevista en la cadena SER recogida por Europa Press, Torres-Dulce ha dicho ser partidario de la existencia de tasas judiciales "como un elemento para recaudar dinero" con el fin de que el servicio público de la administración de justicia tenga una vía propia para subvenir sus necesidades" y que no sean "todos los contribuyentes" los que reciban "el impacto".

En este contexto, ha recordado que una sentencia dictada por el Tribunal Constitucional en 2002 estipula que la finalidad recaudatoria de las tases no debe resultar "ni excesiva ni desproporcionada" ni "impedir el acceso a la jurisdicción, incluido el sistema de recursos"

Aunque ha aplaudido las exenciones que se han establecido en el nuevo sistema --por ejemplo, en los procesos penales o en lo que afecta a derechos fundamentales--, el fiscal general ha afirmado que "algunas de las tasas, sobre todo en el sistema de recursos (...), deben considerarse porque no se ha aquilatado bien el aspecto excesivo de las mismas".

A la pregunta de si de esta manera el Gobierno ha dificultado el acceso a la Justicia, Torres-Dulce ha respondido que "a priori, sin saber exactamente cómo se va a desarrollar" el sistema de tasas o "cómo lo van a interpretar los jueces", considera que "en algunos casos pudieran ser excesivas y dificultar el acceso a la Justicia".

"Probablemente tendremos cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por los jueces. El Ministerio Fiscal, a través de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional, tendría que pronunciarse. Las cuestiones las firmo yo, seré prudente a este respecto", ha añadido.

Asimismo, ha lamentado no haber podido abordar la reforma con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, antes de que se aprobara. "Nos hubiera gustado dar una opinión, como la dieron el Consejo Gral de la Abogacía, el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial", porque "presidimos incluso las comisiones de justicia gratuita", ha declarado.

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