Torres-Dulce reclama regular la suspensión de la prisión para delitos contra la seguridad vial

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, en el Congreso
EUROPA PRESS
Actualizado: martes, 19 noviembre 2013 13:34

También reformas en la Ley del Menor, en la Ley Electoral para evitar fraudes en voto por correo y que se favorezcan conformidades

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha aprovechado su comparecencia este martes en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para solicitar diferentes reformas legislativas, como la regulación, por vía del Código Penal, de la suspensión de la ejecución de la pena de prisión en los casos de multirreincidencia por determinados delitos contra la seguridad vial.

Torres-Dulce ha señalado en sede parlamentaria que la cifra de internos en establecimientos penitenciarios cuyo delito principal es contra la seguridad vial oscila en torno a los 800, de los que la mayoría son reincidentes por conducción en estado de embriaguez o sin permiso. Propone acentuar las alternativas reeducadoras en estos supuestos.

Igualmente, ha reclamado reformar la Ley Penal del Menor para posibilitar la instrucción y enjuiciamiento conjunto de delitos de máxima gravedad en que concurran como coimputados mayores y menores de edad, con el fin de evitar disfunciones al ser juzgados por separado.

En tercer lugar propone modificar la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, al haberse detectado "una laguna en la regulación del voto por correo que puede dar lugar a manipulaciones del mismo".

MAS CONFORMIDADES

Además, el fiscal general quiere que se modifique la Ley de Enjuiciamiento Criminal para facilitar conformidades. Se trataría de potenciarlas permitiendo a los órganos judiciales convocar señalamientos que den pie a contactos entre acusación y defensa para promover el consenso entre las partes.

Finalmente, Torres-Dulce ha propuesto modificar la ley sobre conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones a fin de ampliar las posibilidades en las investigaciones penales de acceder a los datos electrónicos conservados por las operadoras.