Un total de 200 policías y guardias civiles se unirán a la lucha contra la trata de mujeres y niños

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior destinará un total de 200 policías y guardias civiles a la lucha contra la trata de mujeres y niños en un programa con una duración inicial de cuatro años, hasta 2009, y un coste anual de unos 20 millones de euros. Los puertos y aeropuertos serán objeto preferente de este plan a través del perfeccionamiento de los mecanismos de control de la actuación de las redes mafiosas que trafican con las mujeres y los niños.

El programa, diseñado por Interior y en el que colaborarán otros ministerios como Justicia, Asuntos Exteriores o Trabajo y Asuntos Sociales, se centrará en cinco grandes áreas: prevención y sensibilización; medidas de educación y formación; medidas de asistencia y protección a las víctimas; medidas legislativas y procedimentales; y medidas de coordinación y cooperación.

Para mejorar los sistemas de detección de las redes ilegales el Programa contempla que los agregados y funcionarios de enlace en los países de origen dediquen especial atención a la localización de las solicitudes de visados que puedan estar asociadas con este fenómeno delictivo. En este sentido, impulsará los trabajos de la Unión Europea para la pronta aplicación del uso de identificadores biométricos en la expedición y verificación de visados y permisos de residencia.

Para mejorar la capacidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la investigación de estas redes y la protección de las víctimas se elaborarán nuevos procedimientos y normas técnicas para aumentar el número de tramas desarticuladas y de detenidos y se aumentarán las fuentes de inteligencia que faciliten información sobre este tipo de criminalidad, informó hoy el departamento que dirige José Antonio Alonso.

Estas medidas irán acompañadas de una actualización y mejora de las plantillas especializadas, de los medios materiales y de los recursos tecnológicos y financieros adecuados para luchar contra las redes de trata de mujeres, añadieron desde Interior.

Otro de sus aspectos destacados es la colaboración con las empresas del sector de Internet, para mejorar la seguridad en la distribución y acceso a sus contenidos, así como la cooperación con los responsables educativos para realizar programas de información y concienciación en los centros de enseñanza, no sólo dirigidos a los niños, sino también a padres y educadores. El objetivo es minimizar el riesgo de que los menores puedan ser víctimas de abusos sexuales por su especial vulnerabilidad y ante el uso de nuevos medios de comunicación (Internet, Messengers o Chats...)

FORMACIÓN A LOS AGENTES.

El Programa contempla la actualización de la formación especializada de los agentes de las FCSE en este ámbito. Se potenciará la realización de cursos específicos sobre la investigación en la red de los grupos de trata o de pornografía infantil. Estos cursos también servirán para sensibilizar a los funcionarios policiales destinados en misiones de paz de que las zonas en conflicto hacen especialmente vulnerables a las mujeres y los niños

Para garantizar la correcta aplicación de la Ley Orgánica 19/1994 de Testigos y Peritos, el Programa contempla la elaboración de un Protocolo de actuación policía-fiscalía. El objetivo es reducir la vulnerabilidad de las víctimas durante el proceso judicial facilitándoles medidas suficientes para proteger su identidad, intimidad, domicilio y a sus familiares.

También se fomentará la asistencia jurídica gratuita, valorando la posibilidad de proporcionar formación específica a abogados de oficio, y disponer del número adecuado de intérpretes en los idiomas de origen de las víctimas. Se estudia potenciar la colaboración con los países de origen de estas personas y con ONG*s para establecer procedimientos rápidos y seguros de identificación de las víctimas, con la finalidad de simplificar los trámites de posible concesión de permisos de trabajo o residencia.

'PAPELES' PARA LAS VÍCTIMAS.

En el marco del Programa Estratégico, también se estudiará la trasposición de la directiva comunitaria relativa a la expedición de un permiso de residencia a nacionales de terceros países que sean víctimas de la trata de seres humanos, o hayan sido objeto de una acción de ayuda a la inmigración ilegal, que cooperen con las autoridades competentes.

En este capítulo, el objetivo será homogeneizar y sistematizar los procedimientos de actuación policial, desde la perspectiva de un tratamiento cercano a la víctima que favorezca su colaboración y elimine posibles temores o reticencias. También se planificarán inspecciones de lugares de potencial riesgo de tráfico de seres humanos. Otro punto del programa se refiere a la especialización policial en la investigación financiera de estas redes, facilitando el embargo y decomiso de sus bienes.

El Programa impulsará también la cooperación de las policías estatales, autonómicas y locales en la lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. En ese marco, se elaborará un protocolo de coordinación policial, así como el intercambio de información y datos estadísticos entre dichos cuerpos policiales.

Asimismo, se potenciarán los cauces de comunicación para el intercambio de información con los países de origen, tránsito y destino de este tráfico ilegal de personas, y también la cooperación de las unidades policiales con Europol e Interpol.

Por último, se estudiará la posibilidad de cerrar un protocolo en esta materia con las ONGs, y se intentarán aprovechar al máximo los contactos con Eurojust, a nivel europeo, e Iber-red, en el marco iberoamericano, para una efectiva cooperación en las investigaciones y enjuiciamiento de los casos de trata de mujeres y niños.

200.000 VÍCTIMAS ANUALES EN EL MUNDO.

Según traslado Alonso en el Senado, Naciones Unidas cifra en unas 200.000 las mujeres que cada año son víctimas de la trata de blancas en Europa. Además, los expertos económicos cifran en 30.000 millones de dólares anuales el volumen de dinero que mueven estas mafias.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desarticularon el año pasado 160 redes vinculadas con las redes de tráfico de mujeres para la explotación sexual y detuvieron a 889 personas relacionadas con estos grupos.