Piden responsabilidades al alcalde y a Valcárcel, "que se le amontonan los casos", e invitan a Morales a que presente su dimisión
MURCIA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del grupo municipal de IU+LV en el Ayuntamiento de Totana, Pedro Martínez, afirmó hoy que "la recalificación al Grupo Nuaria fue una recalificación masiva, salvaje y a dedo", al tiempo que puso de manifiesto que "esto vino aparejado de una serie de cientos de contratos de compra venta que se estaban haciendo a través de intermediarios y una política de presiones y amenazas", a su juicio, "más parecida a tácticas mafiosas que a las de la España democrática del siglo XXI".
En una rueda de prensa conjunta con el responsable de Política municipal de la Presidencia regional de IU, Juan José Cánovas, Martínez recordó que estos hechos "empiezan a consumarse en septiembre de 2006, cuando por parte de una promotora gallega, un señor que ahora está detenido [en referencia a Pablo José M.G.] avisó de un proyecto multimillonario de la empresa Nuaria, que iba a basarse en una recalificación masiva de más de dos millones de metros cuadrados".
"Nos sorprendió que este señor, antes de que se conociera el plan general, ya tuviera la información de que a él se le iban a recalificar esos dos millones de metros cuadrados", es decir, apostilló, "tenía información privilegiada".
Recalificaciones, añadió, orientadas a "resolver problemas más bien particulares"; algo, formuló, "inconstitucional, porque el urbanismo tiene que ponerse al servicio del pueblo".
Asimismo, dijo no entender el interés del Grupo Nuaria en Totana, en concreto, en el paraje conocido como El Raiguero (zona más al sur de la localidad, lindando con el municipio costero de Mazarrón), porque "era agrícola, y no había accesos, ninguna presión de la población y ningún tipo de interés público".
A renglón seguido, denunció públicamente que la urbanización que preveía construir el Grupo Nuaria "iba a originar daños importantes, ya que el constructor gallego dijo, además, que el agua la tenía apalabrada ya para su campo de golf y procedía de la sierra de Aguaderas"; una sierra, comentó, "con una cantidad de minas importantes que alimentan, a su vez, al Valle del Guadalentín".
Recordó, entonces, que toda esta situación "ilegal" ya fue denunciada por IU, porque, en su opinión, "lo que parecía es que los políticos eran comparsas y, más concretamente el ex-alcalde y presidente del PP en Totana, Juan Morales, una de las personas que parece que está más implicada en estos momentos".
Y es que, a su juicio, "buena parte de la situación que se está dando viene labrada desde comienzos de la legislatura anterior, en 2003, cuando el PP ganó por mayoría absoluta en Totana y Morales fue elegido alcalde".
Sobre ello coincidió Cánovas, quien reconoció que esta situación "se veía venir, dada la actividad que se estaba llevando a través de los convenios y todos los movimientos urbanísticos, casi siempre con los mismos partidos o personajes en la escena".
OTRAS DENUNCIAS DE LA OPOSICIÓN A 'MARYPER'.
Por otro lado, Martínez dejó entrever que "una de las empresas cuyo gerente está detenido ('Maryper'), Gabriel Martínez, parece ser que estaba en este asunto". En este sentido, indicó que "en enero del pasado año, a esta empresa se le permitió tirar una propiedad con fachada protegida".
"Que casualidad, continuó, que la misma persona que ahora está implicada como intermediario sea la misma a la que ya el PSOE e IU denunció por haber violado el patrimonio de Totana", a lo que agregó que "parece que sí que hay tráfico de influencias".
Cuando lo denunció IU, Martínez recordó que "el alcalde estaba gestionando los intereses de la empresa 'Maryper' para arreglar este tema, porque el daño estaba hecho", al tiempo que hizo hincapié que "el ex-alcalde nos amenazó con ponernos una querella criminal por faltarle a su honor".
Además, expuso, "esta misma empresa, en el Polígono Industrial de Totana se le permitió comprar una parcela que tenía que haber revertido por el interés público al pueblo de Totana"; un asunto, recalcó, "que está en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia".
Por todo ello, insistió, "hay una denuncia por posible venta ilegal de suelo industrial, por el derribo de una fachada protegida, y por unas recalificaciones masivas", de modo que, ante esta situación, "esperaremos a que los jueces vayan dictaminando y hagan su trabajo".
EXIGEN RESPONSABILIDADES.
Aunque dijo ser "respetuoso" con la Administración de la Justicia, consideró que "esa impunidad con la que parece que se actuaba, esas relaciones de empresarios con alcaldes, va a ser, cuando menos, investigada", por lo que se congratuló.
No obstante, destacó que el presidente de la Comunidad y del PP en la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, "en la parte que le toca tendrá que actuar", ya que, expresó, "no puede ser que aquí sea impune una persona por ser diputado [en referencia a la condición de aforado de Morales] o por ser concejal de IU, ni por ser nada".
Y es que, según declaró Cánovas, "a Valcárcel se le están amontonando los casos", entre los que citó el caso del alcalde de Águilas, Juan Ramírez, "imputado en el tema de La Zerrichera, y altos cargos de la Comunidad"; la alcaldesa de Fuente Álamo, María Antonia Conesa, "imputada"; el Ayuntamiento de Torre Pacheco, "que está siendo investigado"; o el de Cieza, "bajo el punto de mira de la justicia", y, de esta manera, "vamos multiplicando".
En esta misma línea, pidió "responsabilidades políticas" al alcalde de Totana, José Martínez Andreo; y al concejal de Urbanismo, Juan Carrión, "porque van diciendo que no sabían nada cuando ellos votaron en la comisión de Gobierno esos convenios que son objeto de una investigación por cohecho, blanqueo de capitales y soborno".
Apuntó, también, que "el mismo concejal de Urbanismo entró en sustitución de Antonio Aliaga, que dimitió a final de legislatura ante las presiones para poder cambiar este sistema de convenios urbanísticos".
"Que expliquen qué hacían documentos del Ayuntamiento en el despacho registrado el lunes de la ex mujer de Morales, Mari Carmen Jordán", exigió Cánovas, quien dijo creer que, tal vez, por este motivo "no registraron el Consistorio, porque los documentos estaban en esta asesoría, cuyos miembros están imputados o detenidos y el jefe era, según Jordán, Juan Morales".
Sobre la figura de Cánovas, invitó a Morales a que "si quiere trabajar por su pueblo y dignificar su imagen, lo primero que tendría que hacer sería presentar su dimisión y someterse a la justicia, renunciado a su inmunidad parlamentaria", y a los empresarios "que se dediquen a gestionar su trabajo y no a intentar que políticos municipales actúen de testaferros".
Tanto Martínez como Cánovas criticaron que "a los vecinos, propietarios de pequeñas fincas en la zona de El Raiguero, se les presionase para que vendieran bajo amenaza de que iban a ser expropiados y se les iba a torpedear su labor administrativa en el Ayuntamiento". "Estas amenazas las vertían las dos personas que están detenidas", indicó.
"El buen nombre de Totana se limpia haciendo una gestión limpia, transparente y democrática", sostuvo Cánovas, quien resaltó que "quien tiene la palabra es la dirección regional, porque esta cuestión se tiene que aclarar".
