Una trabajadora que lucha por la tutela de sus hijas anuncia medidas judiciales contra la Junta de Andalucía

SEVILLA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La trabajadora de Lipasam Carmen Espejo, madre de dos hijas de cuatro y cinco años cuya custodia le fue retirada por la delegación provincial de Sevilla de Igualdad y Bienestar Social al alegarse una minusvalía psíquica que la incapacitaba para su crianza, reclamará judicialmente una cantidad "muy importante" de dinero a la Junta de Andalucía, según confirmó su abogado, Enrique Carrasquilla.

En declaraciones a Europa Press, Carrasquilla negó haber tomado esta decisión "al hilo de todos los acontecimientos recientes --en referencia al auto de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Sevilla que condena a la Junta a pagar 1,4 millones de euros a la madre biológica de Iván y Sara--", sino que "es algo que llevamos madurando mucho tiempo".

El letrado no quiso adelantar la cuantía económica concreta que se le solicitará a la Consejería, aunque sí quiso decir que se trata de una cantidad "económicamente muy fuerte". La reclamación sería en nombre de Espejo, así como de sus dos hijas y de la abuela de éstas, que reside en el mismo domicilio, por lo que "estamos hablando de una reclamación dividida en cuatro partes distintas, con cantidades dispares".

Carrasquilla también desveló que la cantidad económica que se solicitará ha sido "muy moderada", pues no quiere que pueda decirse que su clienta "únicamente va a por el dinero para convertirse en una millonaria, ya que lo que pretendemos es que las instituciones paguen por el perjuicio cometido".

En parecidos términos se expresó la presidenta de la Asociación Andaluza Pro Derechos Humanos de los Menores, Asunción García, quien declaró que la cantidad a reclamar "es para asustarse", al tiempo que expuso que "está comprobado que aquí todo sale cuando empieza a moverse el dinero".

QUERELLA CONTRA LA DELEGACION DE IGUALDAD

El caso saltó a la luz pública cuando Carmen Espejo ratificó en el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla una querella por prevaricación, desobediencia, quebrantamiento del deber de custodia y usurpación de las funciones judiciales interpuesta tanto contra la actual delegada provincial de Igualdad y Bienestar Social, María José Castro, como por el anterior, y actual delegado de Turismo, Comercio y Deporte, Francisco Obregón.

La ratificación se llevó con la intención de la Junta de Andalucía cumpla el auto dictado el pasado 19 de enero por la Audiencia, en el que se reconoce que no es una mujer incapaz, ni sus hijas habían sufrido situación de desamparo, pues la Junta le retiró la tutela de sus hijas en el año 2000.

El Juzgado de Familia número 17 de Sevilla, por otra parte, dictó auto por el que se acordaba que la hija menor de la trabajadora fuera devuelta a su madre en diciembre y que se incrementara la frecuencia de las visitas entre ambas hermanas, que pasaron a ser semanales, ya que en los últimos tiempos sólo se veían cada 15 días. También se establecía la necesidad de un programa para la devolución de la hija mayor, en régimen preadoptivo, a su madre, siguiendo una serie de hitos temporales.