MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Francisco José Alcaraz, consideró hoy que el Gobierno "tiene el deber y la obligación de no condonar" el pago de las indemnizaciones no asumidas por algunos etarras al ser declarados insolventes como no se le perdona a un infractor de tráfico una multa que no ha pagado por el hecho de que no vuelva a cometer una nueva falta.
En declaraciones a Europa Press, Alcaraz se preguntó que "si a un simple infractor de tráfico la ley se le aplica indistintamente tenga intencionalidad de cometer" una nueva infracción o no, "¿por qué a un asesino o a un terrorista hay que dejar que se quede impune su delito y no se aplique la ley?". Si se diera ese caso, consideró, se vulneraría el principio que fija la Constitución sobre la igualdad de los ciudadanos.
Alcaraz se expresó así al ser preguntado por la situación en la quedan las indemnizaciones no asumidas por algunos etarras, y que la AVT ha denunciado, tras el anuncio de alto el fuego permanente de la banda y el inicio de una eventual negociación. Según la AVT, es el abogado del Estado o la Fiscalía los que tendrían que reclamar el pago de estas indemnizaciones.
El presidente de la AVT pidió por eso a toda la sociedad que reclame que los etarras hagan frente a esas indemnizaciones ya que ha sido el Estado, con el dinero procedente "de las contribuciones de los ciudadanos", el que ha efectuado esos pagos a las víctimas. "Es el Gobierno el que tiene la obligación de revertir esas cuantías que ya se han adelantado a las víctimas (a través de la Ley de Solidaridad) a las arcas" del Estado, añadió.
Alcaraz anunció que en los próximos días la AVT dará a conocer otras denuncias presentadas por esta asociación para reclamar el pago de las indemnizaciones no asumidas por algunos etarras, como hizo en el caso de Pilar Elías, viuda del empresario Ramón Baglietto, asesinado por ETA en 1980.
El pasado nueve de enero, la Sección Primera de la Audiencia Nacional acordó el embargo de todos los bienes que estuvieran a nombre de los etarras Cándido Azpiazu y José Ignacio Zuazolazigorraga en el registro de la propiedad para pagar la responsabilidad civil a la que fueron condenados por el asesinato de Baglietto.
Esta decisión se produjo después de que la AVT presentara una querella, sobre la que aún no se ha pronunciado el tribunal, donde denuncia que Azpiazu tiene a su nombre y al de su mujer una cristalería en la localidad guipuzcoana de Azkoitia, ubicada en los bajos del edificio donde vive Pilar Elías.
INSOLVENTES
Ninguno de los dos condenados pagaron nunca la responsabilidad civil que se les impuso, ya que se les declaró insolventes el 7 de enero de 1981. La condena por el asesinato de Baglietto se dictó por la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional el 21 de noviembre de 1981 y ninguno de los dos recurrió ante el Tribunal Supremo, por lo que fue declarada firme el 23 de diciembre de 1981.
Ramón Baglietto salvó la vida de Azpiazu cuando era niño, al rescatarlo de los brazos de su madre, quien fue atropellada por un camión junto con otro de sus hijos. 18 años más tarde, Azpiazu asesinó a Baglietto. La Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional le condenó a 49 años y dos meses de cárcel, aunque salió de prisión en 1995 al serle aplicadas las redencias de condena previstas en el Código Penal de 1973, vigente cuando cometió el crimen.
