MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, afirmó hoy, respecto al anuncio de alto el fuego permanente realizado por ETA, que, "evidentemente, todo lo que sea el anuncio por parte de delincuentes de que no van a delinquir no puede ser una mala noticia, pero la verdadera buena noticia sería que efectivamente dejaran de delinquir".
Gómez Bermúdez aseguró que todos los juicios y citaciones de imputados, como las previstas para esta tarde y el viernes, respectivamente, de los dirigentes de Batasuna Joseba Alvarez y Arnaldo Otegi (si su estado de salud lo permite), en la causa de Batasuna, se mantendrán inalterables.
"Los jueces no nos podemos parar. Estamos sometidos a la ley y al Derecho y en la medida en que la ley no cambie, desde luego, lo que es evidente es que no cabe desobediencia civil en lo jueces", agregó.
Gómez Bermúdez señaló que nadie debe dudar de que "en un Estado democrático, el juez siempre está sometido a la ley, la ley que en cada momento da el poder legítimamente instituido para esto, que son las Cortes Generales".
El presidente de lo Penal de la Audiencia explicó que no se puede suspender o dejar de señalar un juicio, por lo que continuará el que se celebra contra el entorno de ETA, en el "caso Ekin", y los previstos próximamente contra los ex dirigentes etarras Francisco Javier García Gaztelu, "Txapote", por el secuestro y asesinato de Miguel Angel Blanco y el del parlamentario del PP Gregorio Ordóñez, y Juan Carlos Iglesias Chouzas, "Gadafi", que tiene una treintena de señalamientos pendientes.
Por su parte, fuentes jurídicas indicaron que en la tregua anterior de ETA se siguió aplicando el Código Penal, aunque de forma más benévola. Como ejemplo se citó la condena por encubrimiento de actos de terrorismo en vez de por colaboración, castigado con un máximo de 5 años frente al segundo delito penado con entre 5 y 10 de prisión.
También se modificó el criterio para los actos de "kale borroka", cuyo castigo se vio visiblemente aumentado al tener en cuenta el riesgo que suponía el fuego provocado para los vecinos del inmueble en los que se ubicaba el cajero atacado.