PAMPLONA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Parlamento de Navarra, con los votos en contra de UPN, PSN y CDN, rechazó una iniciativa de Aralar, IUN, EA y PNV para pedir que el Estado de Derecho y el ámbito judicial, ante el desarrollo del proceso 18/98, "sepan comprender el nuevo marco político creado con el anuncio de alto el fuego permanente, con las esperanzas ciudadanas puestas en él".
Los grupos firmantes habían presentado una enmienda in voce de sustitución a una moción de Aralar, en la que se reclamaba que el Parlamento foral declarara que el sumario 18/98, que se enjuicia estos días en la Audiencia Nacional, "es un juicio político", ante la consideración de que este proceso tiene un origen "político y antidemocrático, contra las ideas" y "niega las libertades civiles y políticas de personas y organizaciones, la libertad de expresión e ideológica y los derechos de asociación, reunión y disidencia".
En la defensa de la enmienda in voce, Patxi Zabaleta, de Aralar, abogó por que la justicia contribuya a los "nuevos tiempos" surgidos tras la declaración de ETA y "actúe de acuerdo con las expectativas". Señaló que desde altas instancias se está "publicitando y poniendo en práctica" una nueva doctrina y afirmó que la iniciativa era respetuosa con el poder judicial. Zabaleta indicó que "todos los días" se apela a los órganos judiciales que tengan en cuenta las circunstancias en otros temas. "Ojalá que esta tregua sea la última de nuestras vidas y convertida en paz dure para siempre", concluyó.
Por parte de Izquierda Unida, Félix Taberna, recalcó que tras el anuncio de ETA el "PP ha resituado" su discurso y también el Fiscal General del Estado ha tenido en cuenta la doctrina aplicada por el anterior Fiscal General con motivo de la tregua de 1998. "Somos de los que creemos que esto va en serio. Y los ámbitos político y judicial se deben adaptar a los nuevos tiempos", propuso.
Maiorga Ramírez, de EA, enmarcó el juicio 18/1998 en el proceso de "anormalización que favoreció" José María Aznar. Criticó la "incriminación indiscriminada y generalizada" de personas y de "ideas" y, en unos tiempos de "esperanza", abogó por que "desanden" los pasos dados durante la etapa del PP de "judicialización de la política".
Por parte del grupo mixto, José Luis Etxegarai, deseó que el alto el fuego permanente así sea entendido por la ciudadanía y se convierta en definitivo para "normalizar la vida política de este país".
TURNO EN CONTRA
En el turno en contra, Carlos García Adanero, de UPN, afirmó que esta iniciativa aprovechaba políticamente la tregua de ETA y aseguró que la posición de los regionalistas queda recogida en el artículo constitucional sobre la separación de poderes, la independencia judicial y el "imperio de la ley". Considera "exagerado" que se hable de "nuevo marco político". "El marco político es el que emana de la Constitución, no lo define ETA en ningún caso, sino el pueblo español y sus instituciones", añadió el portavoz de UPN, quien pidió a Aralar que retirara la moción.
También se opuso PSN por no considerarla "inoportuna". Si bien reconoció el "esfuerzo" de los grupos proponentes, afirmó que son los jueces, fiscales y tribunales los que deben interpretar las orientaciones del Código Penal. "No corresponde al Parlamento ni debe corresponder a las Cortes hacer indicaciones de este tipo porque el legislativo las debe hacer a través de la modificación de las leyes", dijo. Reconoció la independencia del poder judicial y aseguró que se contribuye "mejor al proceso desde el respeto a las instituciones, al sistema judicial".
Por CDN, Juan Cruz Alli afirmó que tanto la moción inicial como la enmienda de sustitución presentaban el mismo "defecto de origen"; "pretender que una institución jurídica haga una valoración política", lo que a su juicio constituye una "falta de respeto a la división de poderes".
No obstante, Alli también señaló que la normativa permite que la interpretación de las leyes se adecue al momento en el que deben aplicarse. "La legalidad ampara a los tribunales a hacer las interpretaciones de la realidad social, pero eso debe dejarse en las manos de quien debe aplicar la ley, comentó. Lo contrario constituye, en su opinión, "una interferencia política". Reclamó "prudencia" para no frustrar el proceso.
