MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal de Cuentas abrió un total de 310 diligencias preliminares y resolvió 564 procedimientos durante 2010, según consta en la Memoria de actuaciones llevadas a cabo por el órgano fiscalizador el año pasado, que fue aprobada por el Pleno de la institución el 28 de abril.
En dicha Memoria, que ha sido remitida a la Cortes y a la que ha tenido acceso Europa Press, el Tribunal de Cuentas reconoce que en el anterior ejercicio dejó pendiente de resolución 319 asuntos. Durante todo el año pasado el organismo recibió un total de 575 asuntos, que se acumularon a los 308 que arrastraba desde el año anterior.
Es decir, la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, que se divide en una Sala de Justicia y tres departamentos de instancia, ha concluido el análisis del 64 por ciento del total de 883 temas que tuvo que atender entre enero y diciembre de 2010.
De las 310 diligencias preliminares incoadas en este periodo, 45 procedían de informes de fiscalización del propio tribunal, 155 de los órganos de control externo autonómicos y el resto de comunicaciones de otras instituciones públicas, de acciones públicas y de denuncias de particulares.
DOCTRINA SOBRE FONDOS PÚBLICOS
En la citada memoria, el órgano fiscalizador incorpora una sucinta exposición de la doctrina sobre diferentes cuestiones relacionadas con la responsabilidad contable incluida en las sentencias que dictó el año pasado.
Así, por ejemplo, en cuanto a la responsabilidad contable, destaca que se consideran gestores de fondos públicos aquellos que, careciendo de competencias en la gestión de los mismos, las ejercen de hecho y se incluyen en esos fondos los que pertenecen a sociedades mercantiles de titularidad pública.
Asimismo, la Sala de Justicia ha dejado claro que los miembros de los Consejos de Administración de una sociedad mercantil pública incurrirán en una "grave negligencia en el desempeño de su cometido social" si alegan carecer de poder decisorio o desconocimiento del desenvolvimiento de la gestión social. En este sentido, el Tribunal subraya que la diligencia exigible a estos consejeros incluye un deber de vigilancia y control que garantice el adecuado funcionamiento de la empresa.
JUSTIFICAR LOS PAGOS
En varias de sus sentencias de 2010, la Sala incide en la necesidad de justificar todos los pagos procedentes de entes públicos. En concreto, la memoria destaca una sobre el aumento de retribuciones de un alcalde que no fue respaldado por un acuerdo del pleno de la corporación.
En relación con el ejercicio de la función fiscalizadora, en la memoria se deja constancia de las cuentas directamente rendidas al tribunal, así como de los contratos recibidos durante el año 2010. Se incorpora, asimismo, una síntesis del contenido del Programa de Fiscalizaciones de dicho ejercicio, así como de la Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2008, y del contenido de cada uno de los informes de fiscalización o mociones aprobados en ejecución del mismo.
