MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal de Cuentas, que investiga los gastos generados para la concesión al ex presidente del gobierno José María Aznar de la Medalla de Oro del Congreso de los Estados Unidos, ha citado el próximo 5 de mayo a la Fiscalía, la Abogacía del Estado y los denunciantes de este asunto para fijar la liquidacion provisional del posible perjuicio causado a las arcas del Estado.
La asociación de juristas Preeminencia del Derecho denunció en su día que el Gobierno de Aznar autorizó un gasto de 2.3 millones de euros en diciembre de 2003 para encargar a la empresa norteamericana Piper Rudnick que gestionara la distinción, que nunca se concedió.
La denuncia se realizó en primer lugar ante la jurisdicción penal y la contencioso-administrativa y, tras el archivo del caso en ambas vías, los abogados acudieron al Tribunal de Cuentas, que abrió un expediente al respecto en febrero de 2010.
La última notificación realizada por la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, a la que ha tenido acceso Europa Press, tiene fecha de 4 de abril, y en ella señala se fija la fecha para la práctica de la liquidación provisional y se advierte de que las actuaciones se encuentran a disposición de las partes para que, en un plazo de diez días, puedan "aducir alegaciones y aportar documentos o cuantos elementos de juicio estimen deben ser tenidos en cuenta".
En marzo del pasado año, la Fiscalía emitió un informe señalado que a su juicio el ex presidente del Gobierno no incurrió en ningún tipo de responsabilidad contable al contratar en diciembre de 2003 a un 'lobby' estadounidense que supuestamente habría mediado para que se le otorgara la Medalla de Oro del Congreso de Estados Unidos porque, a su entender, esta gestión buscaba "la satisfacción del interés público general, independientemente de la satisfacción personal" que le pudiera causar al entonces jefe del Ejecutivo.
En similares términos se manifestó la Abogacía del Estado, que defendió en su escrito que, "excluida la responsabilidad penal, cualquier defecto de tramitación que pudiera existir en el expediente es ajeno al ámbito de actuación del Tribunal de Cuentas y no determinaría por sí mismo la exigencia de responsabilidad contable si no existe perjuicio a los caudales públicos".
No obstante, el Departamento Tercero de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas abrió diligencias por estos hechos y trasladó las actuaciones a su Sección de Enjuiciamento, señalando a Aznar en calidad de denunciado.
Lo justificó en que "no se debe excluir sin más trámite la hipotética existencia de responsabilidad contable" por parte del ex presidente del Gobierno" si la finalidad de esta contratación "hubiese sido privada y no pública y el gasto no hubiera sido debidamente justificado, aspecto que no ha quedado claro con la documentación remitida".
