Reclama que se identifiquen las denominadas "cuentas-pozo" y se traspasen sus saldos al Estado MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal de Cuentas ha aprobado un informe que denuncia que el Ministerio de Justicia realizó un "insuficiente control", "prácticamente inexistente" en algunos apartados, de la tesorería para el funcionamiento de los tribunales en el año 2003. En el ejercicio fiscalizado, las obligaciones reconocidas por el departamento ascendieron a 972,64 millones de euros (161.350 millones de pesetas), más del 80 por ciento correspondientes a gastos de personal.
El informe, aprobado por el Tribunal de Cuentas el pasado 22 de diciembre, y al que ha tenido acceso Europa Press, detalla importantes deficiencias de control contable en 2003 por parte de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, tanto en lo relativo a la gestión de los créditos del capítulo presupuestario de tribunales y Fiscalía, como de los depósitos y consignaciones judiciales.
El Tribunal expone que acordó realizar el informe a la vista de "las debilidades de control interno" ya detectadas en un análisis del primer semestre de 2001, que han vuelto a ser confirmadas en 2003.
A la vista de las deficiencias, el tribunal reitera la recomendación de que se mejore el sistema de control interno sobre las cuentas bancarias desde las que se gestionan estos créditos, así como que se proceda "a la identificación exhaustiva de todas las cuentas que conforman el sistema".
CUENTAS-POZO
El Tribunal reclama especialmente que se establezca el número exacto de "cuentas-pozo" existentes en los juzgados, nombre con que se conocen las cuentas cuyas partidas no pueden ser determinadas por los órganos judiciales, y "cuya relación, identificación y saldos no son conocidos" por la Dirección General de Justicia.
El informe indica que, una vez determinado el número de "cuentas-pozo", debe abordarse en lo posible la depuración de sus saldos, traspasando al Tesoro los que por su antigüedad se presuman de difícil identificación y centralizando su gestión, ya que la mayoría de las veces no se sabe ni siquiera el juzgado competente para disponer del saldo.
El informe subraya que el proceso de apertura, cancelación y gestión de las cuentas bancarias presentó diversos defectos, como que no se ingresó en la cuenta del Tesoro Público, por parte de la entidad adjudicataria del contrato de gestión de las cuentas, la cantidad de 60.000 euros correspondientes a 2003, según establecía dicho contrato.
"El control de la Dirección General sobre las cajas pagadoras es prácticamente inexistente --añade el informe--. No se ha constituido la Unidad Central de Caja y la Subdirección que orgánicamente resulta competente no ejerce tampoco las correspondientes funciones. Esta situación genera serias debilidades del control interno en esta área, que alcanzan incluso a la inexistencia en la Dirección General de información completa sobre el número y condiciones de las cuentas, firmas autorizadas, saldos y censo de cajeros y habilitados".
"Por lo que se refiere a las cuentas para el pago de nóminas, se han observado importantes deficiencias de control en las correspondientes a la Habilitación Central de Personal de la Dirección General y en la Habilitación de la Gerencia de Órganos Centrales", dice el Tribunal.
Destaca en ese terreno la falta de justificación de los saldos. "En la Habilitación de la Gerencia, no se ha justificado al Tribunal una parte del saldo de 30.861,85 euros de la cuenta de nóminas al 31 de diciembre de 2003, que debía ser nulo. Este saldo proviene principalmente del irregular sistema seguido desde 1991 para la gestión de los reintegros de nóminas que, en contra de la operativa prescrita, no se ingresaban en el Tesoro Público, permaneciendo indebidamente en esta cuenta". El Tribunal de Cuentas también analiza las cuentas bancarias de las que disponen los Juzgados y Tribunales para la gestión de pagos y depósitos, que a finales de 2002 se adjudicó a Banesto, que sucedió así al BBVA. A 31 de diciembre de 2003, el número de cuentas activas en euros era de 4.593, con un saldo total de 2.748,41 millones de euros, lo que supone un incremento del 22 por ciento respecto del saldo a la misma fecha del año anterior. A dicha fecha, además, figuraban otras 692 cuentas con saldos en diferentes divisas.
INTERESES
Los intereses ingresados trimestralmente al Tesoro Público por las entidades adjudicatarias ascendieron a 80,61 millones de euros, con relación al ejercicios 2002, y a 93,95 millones en relación al ejercicio 2003.
Forma parte también de este sistema la gestión de dos cuentas especiales, a las que se han asignado los códigos 5555 (ingresos de las multas y demás pagos que se realicen a favor del Tesoro Público) y 7777 (decomisos por delitos relacionados con las drogas). El importe transferido al Tesoro desde la primera cuenta, correspondiente al ejercicio 2003, fue de 81,09 millones de euros, y desde la segunda, de 13,22 millones. El informe no ha detectado irregularidades en ninguna de las dos.
Sin embargo, vuelve a insistir en la falta de control de la Dirección General de Justicia en cuanto al proceso de traspaso de las cuentas del BBVA a BANESTO, por "la falta de seguridad acerca de la integridad de la información y del contenido de las cuentas existentes" en el primer banco y traspasadas al segundo.
En cuanto al funcionamiento y control del sistema en 2003, vigente el nuevo contrato con BANESTO, "es de destacar la permanencia de las debilidades de control apreciadas en el ámbito de las competencias de la Dirección General, siendo la principal de ellas la total dependencia que tiene de la entidad bancaria en materia de información sobre las cuentas, sin que se haya desarrollado mecanismo alguno para efectuar algún contraste de dicha información con la procedente de otras fuentes (por ejemplo, de los Secretarios judiciales)".
Para el tribunal, las actuaciones de control del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial sobre las oficinas judiciales, al referirse a un ámbito más particular, no son suficientes para paliar estas debilidades, así como tampoco el informe de consultoría que prevé el contrato.
Al margen de lo anterior, durante 2003 se realizó una depuración por la Dirección General y BANESTO que, limitándose únicamente a las cuentas más evidentes (sin saldo e inactivas), culminó con la baja de 512 cuentas.
En relación con el cálculo de los intereses y su ingreso en el Tesoro, correspondientes a los ejercicios 2002 y 2003, el Tribunal ha verificado la correcta aplicación de los tipos establecidos en los respectivos contratos, "si bien no ha podido contrastar la razonabilidad de los saldos medios comunicados por los bancos", al carecer la Dirección General de información o registros adecuados para tal operación.
NINGUNA COMPROBACION
El informe ha constatado que la Dirección General "no realiza control ni comprobación alguna sobre las cifras y cálculos comunicados por el banco. Cabe significar también el hecho de que, respecto de los tres primeros trimestres del ejercicio 2002, correspondientes al contrato con el BBVA, no se ha ingresado cantidad alguna en concepto de intereses por las cuentas denominadas en divisas (en el último trimestre el ingreso por intereses de estas cuentas ascendió a 294.459,96 euros)".
La Dirección General para la Administración de Justicia no explicó al Tribunal esta circunstancia ni reclamó al BBVA los intereses dejados de percibir.
