MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -
Consejeros de las secciones de Fiscalización y de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas han defendido el papel de la institución para analizar el buen uso de los fondos públicos y para recuperar para el Tesoro aquellos que han sido utilizados de forma indebida.
En el curso de una jornada académica celebrada este miércoles en la Universidad de Salamanca, el consejero José Manuel Suárez Robledano se refirió a la compatibilidad entre la jurisdicción contable y la actuación de la jurisdicción penal a la hora de analizar unos hechos concretos.
Según informa el Tribunal de Cuentas, Suárez Robledano explicó los detalles de la responsabilidad contable, que se ejerce respecto a las cuentas que deban rendir quienes recauden, intervengan, administren, custodien, manejen o utilicen bienes, caudales o efectos públicos. Esta responsabilidad puede ser directa o subsidiaria.
LA RESPONSABILIDAD CONTABLE, MATERIA EXCLUSIVA
La responsabilidad contable, cuyo enjuiciamiento sólo puede realizarlo el Tribunal de Cuentas, es exigida por esta Institución mediante tres procedimientos: el juicio de cuentas, el procedimiento de reintegro por alcance y el expediente de cancelación de fianzas. En este sentido, Suárez Robledano incidió de forma especial en la recuperación para el Tesoro Público de los activos percibidos indebidamente, o sin justificación, por los responsables públicos, y en su caso, por los autores de las malversaciones.
Tras el consejero Manuel Aznar López se centró su exposición en "El control externo del sector económico y social de la Administración General del Estado", destacando los dos grandes aspectos que incluye esta actividad fiscalizadora: por un lado, los trabajos referentes al examen y comprobación de la Cuenta General del Estado respecto de las cuentas de los ministerios y organismos, así como de las demás entidades que integran la Cuenta General del Sector Público Administrativo, y, por otro, las fiscalizaciones específicas sobre los órganos y entidades incluidos en este sector.
El consejero detalló comentó que la primera actividad se dirige a contribuir a la elaboración de la Declaración de la Cuenta General del Estado, y la segunda se orienta a las fiscalizaciones específicas, que se enmarcan en un enfoque estratégico. En esta segunda actividad pueden destacarse los informes que se realizan sobre determinados negocios jurídicos, como los convenios de colaboración, y sobre la transparencia y estabilidad presupuestaria.
La sesión vespertina fue abierta por María Dolores Genaro Moya, especialista en "El control de la gestión del Sistema de la Seguridad Social en el Tribunal de Cuentas". La consejera distinguió entre el ámbito subjetivo y objetivo del control de la gestión y dentro del primero punto se detuvo en la exposición de los principios y directrices que sustentan el Sistema de la Seguridad Social, así como sobre su presupuesto de ingresos y gastos.
En cuanto al ámbito objetivo del control del Sistema de la Seguridad Social por el Tribunal de Cuentas, la Consejera habló de la estructura y resultados de la Declaración de la Cuenta General del Estado de 2012. En este sentido, aportó, entre otros datos, los referidos al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, cifrado en el ejercicio 2012 en 62.122 millones de euros así como a las deudas recíprocas entre la Seguridad Social y el Estado.
LAS IRREGULARIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Genaro Moya presentó también los resultados de los trabajos de fiscalización referidos a la contratación de las Entidades del Sistema de la Seguridad Social, entre ellos la detección, por parte del Tribunal de Cuentas de algunas irregularidades como la falta de precisión en el método de valoración de las adjudicaciones o las frecuentes modificaciones en los contratos de obras.
Por último, la consejera se refirió a algunos resultados de otras fiscalizaciones recientemente aprobadas por el Pleno del Tribunal de Cuentas, como la de la Gestión de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo o la de la Gestión del Fondo de Garantía Salarial.
Posteriormente intervino el presidente de la Sección de Fiscalización de Tribunal de Cuentas, Javier Medina Guijarro, cuya ponencia versó sobre "La fiscalización de los partidos políticos por el Tribunal de Cuentas". Medina Guijarro explicó cómo le corresponde al Tribunal, por mandato de la Ley, la fiscalización de la actividad económico-financiera de las formaciones políticas, tanto en lo que se refiere a su contabilidad ordinaria como a la de los procesos electorales en los que participen. El Tribunal también fiscaliza las aportaciones que reciban las fundaciones y asociaciones vinculadas a los partidos políticos.
El consejero se refirió a la competencia que tiene el Tribunal de Cuentas para iniciar procedimientos sancionadores y acordar la imposición de sanciones al partido político que cometa alguna de las infracciones que se recogen en la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre Financiación de los Partidos Políticos.
La jornada finalizó con la intervención de Agustín-Jesús Pérez-Cruz, subdirector técnico del Departamento Tercero de la Sección Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, que habló sobre "La tutela procesal ante el Tribunal de Cuentas" y, dentro de ella, hizo referencia a los tres procedimientos jurisdiccionales en el ámbito del enjuiciamiento contable -reintegro por alcance, juicio de cuentas y expedientes de cancelación de fianzas- así como de la instancia, los recursos y la ejecución de los procedimientos que se tramitan por la Institución.
