El Tribunal de Cuentas pide a Medio Ambiente que las Confederaciones Hidrográficas unifiquen la aplicación de la ley

MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Cuentas ha pedido al Ministerio de Medio Ambiente que las Confederaciones Hidrográficas unifiquen los criterios en la aplicación de la normativa vigente en materia de ingresos, según el informe aprobado por la institución fiscalizadora el pasado 21 de diciembre y remitido al Congreso el día 26, y al que tuvo acceso Europa Press.

En dicho estudio, el Tribunal de Cuentas denuncia la "heterogeneidad" con la que las distintas Confederaciones aplican la norma en sus cuentas anuales. Asegura que, a pesar de que todas ellas están adscritas al mismo Ministerio, tienen asignadas las mismas funciones y se rigen por disposiciones comunes, en la práctica, "los criterios que siguen las Confederaciones son en muchos casos distintos".

La institución fiscalizadora insta así al Ministerio de Medio Ambiente a actuar contra dicha heterogeneidad a través de la adopción de las "medidas adecuadas" que unifiquen la interpretación que hacen las Confederaciones de la normativa. Como ejemplo, el Tribunal cita la nueva redacción RD 606/2003 sobre la aplicación presupuestaria y contable de los ingresos por multas.

Las Confederaciones Hidrográficas, organismos autónomos adscritos al Ministerio de Medio Ambiente, tienen entre otras la función de administrar y controlar los recursos hidráulicos de las cuencas que exceden el ámbito territorial de una Comunidad Autónoma. Obtienen su financiación de transferencias y subvenciones de los Presupuestos Generales del Estado y de otros ingresos recaudados como tributos.

SIMPLIFICACIÓN DE TASAS

Además, considera que el Ministerio "debe estudiar" la posibilidad de una modificación legislativa de las tasas más "complejas" puesto que, a menudo, dificultan de forma excesiva su gestión a las Confederaciones Hidrográficas. Así, exige mayor "concreción" en el 'Canon de Regulación' y la 'Tarifa de utilización de agua', así como la eliminación de otras tasas reguladas por Decretos de 1960 con "escaso o nulo poder recaudatorio".

Por otra parte, el Tribunal afirma que es "urgente" actualizar los Registros administrativos de los titulares de derechos sobre el agua así como "prestar mayor atención" a la gestión de las sanciones y reducir así, los riesgos de caducidad y prescripción. Por último, recomienda al Ministerio que aumente la eficacia recaudatoria mejorando la comunicación a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de las deudas en vía de apremio.

Los ingresos fiscalizados son fundamentalmente de naturaleza tributaria y, por tanto, deben aplicar del artículo 30 'Tasas', del presupuesto de ingresos. Sin embargo, el Tribunal pone de manifiesto que ciertas tasas que gravan el consumo de agua son, a menudo, consideradas "incorrectamente" como operaciones comerciales. Según las cuentas anuales del año 2003, el montante de ingresos de todas las Confederaciones por tasas ascendió a 306 millones de euros, un 52 por ciento del total de ingresos.

COMISIONES DE SEGUIMIENTO INOPERANTES

El Tribunal de Cuentas pone de manifiesto en su informe que las Comisiones de Seguimiento creadas para la vigilancia y control de los convenios sobre cánones de vertidos "no llegaron, en muchos casos, a celebrar reuniones". Las Confederaciones del Ebro, del Júcar y del Norte acordaron que la recaudación fuera para las Comunidades Autónomas que, tras detraer el producto, transferirían a la Confederación el líquido resultante.

Así, denuncia que la Confederación del Guadalquivir ha compensado deudas de empresas municipales al amparo de un convenio con la Junta de Andalucía cuyo origen fue anterior a la suscripción del acuerdo. Además, el Tribunal afirma que la Confederación ha financiado inversiones convenidas con una entidad privada, cuya justificación es "deficiente" y no está avalada por la correspondiente Comisión de seguimiento.

La Confederación del Júcar, según el informe, ha mantenido constante, en valores absolutos, desde 1.994 la cantidad anual equivalente al quince por ciento de la recaudación del 'Canon de vertidos' en la Comunidad valenciana que debía recibir el Organismo en base al convenio. Además, el Tribunal afirma que hay constancia de reuniones de la correspondiente Comisión de seguimiento.

INGRESOS POR SANCIONES

La institución fiscalizadora recalca que la nueva redacción del artículo 339 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico "ha traído problemas de interpretación" en cuanto a la imputación del producto de las sanciones. "En general, --afirma-- las Confederaciones los han considerado como ingresos propios, excepto la del Guadiana, que los sigue considerando como ingresos del presupuesto del Estado".

Según el informe, el número de expedientes iniciados en el periodo 2002-2003 por infracciones 'leves' y 'menos graves', oscila entre los 700 en la Confederación del Júcar y los más de 5.000 en la del Duero. El Tribunal observa porcentajes "significativos", superiores al 2,5 por ciento, de expedientes clasificados en 'sobreseídos' o 'archivados' consecuencia, en algunos casos, de haber alcanzado su caducidad.

En cuanto a los expedientes de mayor gravedad, el Tribunal pone de manifiesto la prescripción de doce infracciones 'muy graves' y 'graves': cuatro graves en las Confederaciones del Duero, una muy grave en la del Guadalquivir, una muy grave y cuatro graves en la del Guadiana, una grave en la del Júcar y una muy grave en la del Segura.