La Fiscalía niega que la investigación fuese prospectiva y que la cárcel suponga indefensión
MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional comunicará este martes, cuando se reanude la vista oral contra el expresidente del Fútbol Club Barcelona, Sandro Rosell y cinco allegados suyos si acepta alguna de las peticiones que han elevado las defensas durante la primera sesión celebrada este lunes, en la que se han centrado en alegar falta de competencia de esta instancia para enjuiciar los hechos y un carácter prospectivo de la investigación desarrollada por la Fiscalía en el caso.
El tribunal presidido por Concepción Espejel, ha levantado la sesión tras algo más de tres horas en las que las defensas de Rosell, su mujer, Marta Pineda; su socio Joan Besolí, el cuñado de éste, Antonio Ramos; su amigo personal José Colomer, y su presunto testaferro, Sahe Ohanessian, han solicitado el sobreseimiento libre tras cuestionar el origen mismo de la instrucción.
En concreto, ponen el foco en el inicio de la investigación, una comisión rogatoria remitida a España por la justicia estadounidense en relación a un movimiento bancario de Rosell entre aquel país y Andorra. El abogado del expresidente del Bara, Pau Molins quiere que se admita como prueba en el juicio oral un certificado de Goldman Sach según el cual, su patrocinado nunca tuvo cuenta allí, lo que a su entender, dejaría sin sentido el origen mismo de las actuaciones.
A esta tesis se han sumado el resto de los procesados, cuyas defensas, como la del socio Joan Besolí, plantean que quizá a Rosell "sólo" le investigó "porque presidía el Bara", ya que "la Fiscalía no tenía competencia para llevar a cabo aquellas diligencias".
"El Ministerio Fiscal tuvo conocimiento de estos hechos porque usurpó esa información", ha llegado a afirmar el abogado Andrés Maluenda, quien ha sugerido además que la instructora de la causa, Carmen Lamela, podría merecer algún tipo de reproche disciplinario.
Para el fiscal José Javier Polo, no ha lugar a estas consideraciones dado que por definición, la Fiscalía debe investigar en cuanto tiene noticia de un hecho criminal y aquella comisión rogatoria estadounidense así lo constituía. "Para nada esto tiene que ver con el Fútbol Club Barcelona o cuestiones ajenas que pueden ser tangenciales y que en absoluto tienen nada que ver", ha apostillado.
Otra de las alegaciones más repetidas en la sala tiene que ver con la competencia de la Audiencia Nacional para enjuiciar estos presuntos delitos dado que se habrían cometido en el extranjero (Brasil y Andorra) en un momento (2006) en el que allí, no tenían reproche penal.
LA FISCALÍA NIEGA INDEFENSIÓN
Para el Ministerio Fiscal, sólo con la perspectiva de las herramientas internacionales para la persecución del blanqueo de capitales que ha ratificado España y con la jurisprudencia del Supremo al respecto, esa alegación decae.
En la misma línea, las defensas han alegado que la causa investiga tres operaciones económicas en particular, dos desarrolladas en Brasil y Andorra y una tercera que sólo se circunscribe a Barcelona, para pedir que se sobreseyeran por falta de competencia las dos primeras y se remitiese a un juzgado local la tercera. El fiscal ha incidido en este punto en que una causa arrastra a las demás, aunque fraccionar en este caso "vendría muy bien a la defensa".
Por último, los letrados de los procesados y en particular, los abogados de Rosell y Besolí, han alegado indefensión y vulneración a su derecho de defensa porque llevan en prisión provisional desde mayo de 2017, algo que para el Ministerio Público, si bien "afecta a todos los aspectos de la persona" no conculca su derecho a defenderse en un proceso penal.
Tampoco hay, en su opinión "una contaminación" como la alegada por los letrados de la defensa "que impida al tribunal entrar a valorar de manera impaciarcialmente objetiva la realidad de los hechos" aunque fuera la misma sala quien denegase a Rosell y Besolí la puesta en libertad. El tribunal comunicará su decisión al respecto este martes.
