MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional resolverá el próximo 10 de julio las cuestiones previas planteadas por la defensa del ex presidente de Telecinco y ex director general de la ONCE, Miguel Durán, y siete ex accionistas de la cadena de televisión en el juicio que se sigue contra ellos por presuntas irregularidades cometidas cuando estaban al frente de su gestión. Ese mismo día, el tribunal decidirá cuándo se producirán los interrogatorios de los acusados, aunque anunció que en cualquier caso serán antes del 10 de septiembre.
La fiscal Anticorrupción Pilar Melero, que impugnó todas las cuestiones previas, se opuso a la suspensión de la vista oral a petición de las defensas por la ausencia del ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi en el banquillo de los acusados, al considerar que podría "dar lugar a dilaciones indebidas" en el proceso. Melero insistió ante el tribunal que "no tiene sentido" suspender el juicio "con las actuales condiciones de Berlusconi porque podría adquirir una nueva situación de inmunidad".
En este sentido, la fiscal se remitió a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo para avalar el enjuiciamiento del ex primer ministro italiano en una pieza separada, que quedó paralizada mientras el ex mandatario italiano gozase de inmunidad soberana por ser primer ministro o por cualquier otro estatus político.
También rechazó la alegada falta de competencia de la Audiencia Nacional para juzgar los hechos enjuiciados, al entender que esta cuestión "carece de todo fundamento". Además, Melero aseguró que los hechos constituyeron "un grave perjuicio a la economía nacional por la elevada cantidad defraudada" y causaron "importantes daños a los intereses generales porque la televisión es un servicio público".
"ALARMA SOCIAL"
"Esta violación a la Ley de Televisiones Privadas afectó a todos los ciudadanos. La Ley trataba de evitar la concentración de poder para garantizar la libertad de información", aseveró la fiscal, que apuntó que las defensas "parecen olvidar que los hechos en su día causaron una enorme alarma social".
Respecto a la calificación de los hechos como delito fiscal continuado, Melero explicó que "ésto es así" porque "un grupo de personas con relaciones personales formaron parte del consejo de accionistas de Telecinco y se pusieron de acuerdo con Berlusconi para adquirir a través de sociedades creadas por ellos una participación de la cadena superior a lo previsto en la ley".
"Berlusconi llegó a tener más del 80% del capital social de Telecinco y, a cambio, sus socios recibieron por su participación en las operaciones fraudulentas importantes plusvalías que no se declararon a Hacienda", relató la representante del Ministerio Fiscal, quien enfatizó que "hubo unidad de propósito y actuación según un plan concebido".
Por su parte, la Abogacía del Estado se adhirió a lo manifestado por la fiscal. Además, criticó la actitud de las defensas durante su exposición de las cuestiones previas, al considerar que todas ellas realizaron "valoraciones sobre los hechos y sobre la índole jurídica de los tipos delictivos" cuando "no procede en este momento del procedimiento".
