MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 2 años de prisión y 7 años de inhabilitación a una funcionaria por los delitos de cohecho en grado de tentativa e infidelidad en la custodia de documentos por sustraer algunos de los expedientes que tramitaba en el Juzgado de Instrucción número 6 de Málaga con el fin de lucrarse. El alto tribunal desestima así los recursos interpuestos por María Victoria R.M. y la Asociación contra la Injusticia y la Corrupción (AINCO) contra una sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga que condenaba a la primera también a pagar 6.630 euros.
La resolución, dictada el 15 de octubre de 2004, consideró probado que María Victoria R.M., funcionaria del Cuerpo de auxiliares de la Administración de Justicia, con destino en el Juzgado de Instrucción número 6 de Málaga, estaba encargada de la tramitación de parte de las causas que se instruían en dicho juzgado y, en un determinado momento, con sus facultades intelectuales levemente alteradas por el consumo de tranquilizantes, ideó que podía sustraer algunos expedientes de los que tramitaba a cambio de dinero.
La funcionaria comunicó su plan a un conocido, Carlos F., para que colaborase con ella a cambio de la mitad de los beneficios, dando su oficio de investigador privado, que le permitiría contactar y negociar con personas dispuestas a pagar dinero por la desaparición de determinados expedientes judiciales. En marzo de 2003, María Victoria R.M. sacó del juzgado varias diligencias.
Según la sentencia, Carlos F. no llegó a realizar las gestiones que habían acordado, sino que dos días después acudió a la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Málaga para denunciar los hechos y entregar los expedientes judiciales que le había entregado la funcionaria, quien está actualmente suspendida de sus funciones. Además, acordó colaborar con ellos, por lo que intervinieron su teléfono.
María Victoria R.M. y Carlos F. quedaron en una cafetería para intercambiar documentación, que serviría para negociar la venta de los expedientes originales. Agentes de la Guardia Civil estaban vigilando mientras la reunión tenía lugar y procedieron a detener a la funcionaria.
La sentencia del Supremo señala en alusión a la situación de indefensión que le produjo a la recurrente la intervención telefónica mencionada que "no existe vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones cuando fue uno de los interlocutores en la comunicación telefónica quien autorizó expresamente a la Guardia Civil a que registrará sus conversaciones".
