MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Sala del 61 del Tribunal Supremo se reunió hoy para estudiar los informes presentados por las partes en relación con la inclusión de las 'herriko tabernas' en el proceso de liquidación de Batasuna, aunque no adoptó ninguna decisión sobre si estas sedes pertenecen al partido ilegalizado y, por tanto, deben ser incluidas entre sus bienes en el proceso de liquidación de la formación 'abertzale' en ejecución de la sentencia de 2003.
Fuentes del alto tribunal informaron de que el ponente de la resolución y presidente de la Sala de lo Social del Supremo, Joaquín Samper, expuso a los integrantes del tribunal la situación de la causa, los informes presentados por las partes y la documentación remitida por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, quien investiga la financiación de ETA a través de las herriko tabernas.
Sin embargo, el tribunal no adoptó ninguna decisión al respecto ni fijó una fecha para resolver sobre este asunto. Las mencionadas fuentes indicaron que, previsiblemente, la Sala no resolverá sobre esta materia antes del próximo mes de enero.
El pasado 23 de octubre, el Supremo ordenó entrar en las 'herriko tabernas' del País Vasco y Navarra para proceder a inventariar todos los locales y bienes de las organizaciones ilegalizadas Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna.
En el mismo auto, la Sala Especial del artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dio un mes de plazo a las partes (abogado del Estado, Ministerio Fiscal y Batasuna) para que presentaran alegaciones en relación con el informe presentado por los liquidadores, en el que se llega a la conclusión de que las herriko tabernas y ciertas asociaciones culturales "pertenecerían en realidad, material y efectivamente a la propia Batasuna".
Tras estudiar el detallado informe de los liquidadores, la Sala del 61, compuesta por el presidente del Supremo, Francisco José Hernando, los presidentes de sus cinco Salas y los magistrados más antiguos y más recientes de cada una de ellas, consideró que "en este momento procesal no puede afirmarse, con efectos de prueba plena que el tribunal considere estrictamente acreditadas, con carácter apodíctico e incontrovertible, los hechos, datos y conclusiones que figuran en el informe de los liquidadores".
"NO SON LA MISMA COSA", DE MOMENTO.
La Fiscalía respondió al requerimiento del Supremo afirmando que aunque entre las herriko tabernas y Batasuna "existe una afinidad ideológica e, incluso, una identidad de pensamiento con todos y cada uno de los objetivos que han prestado su apoyo a ETA", no pude "inferirse la conclusión de que uno y otro son la misma cosa, al menos por el momento".
Así, consideraba "prematuro" la imposición de medidas cautelares, como el embargo o la clausura de las herrikos, y supeditaba "la decisión que pudiera adoptarse" al estudio del "contenido de los documentos solicitados al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional", cuyo titular, Baltasar Garzón, investiga la relación de las herrikos con Batasuna desde mucho antes que el Supremo.
De hecho, la propia Sala del 61 requirió al magistrado testimonio de sus actuaciones y el pasado día 8 el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 preguntó al alto tribunal si debe seguir haciéndose cargo de la administración judicial de las herrikos, que ese mismo día prorrogó por seis meses más. Además, advirtió a 33 herrikos de que serían clausuradas si no aclaraban su situación financiera.
DAR AUDIENCIA A LOS TITULARES.
Por su parte, el abogado del Estado dijo no oponerse a las nuevas medidas que se pudieran acordar sobre las herriko tabernas, aunque supusieran una doble traba, siempre y cuando se comprobara que estos establecimientos pertenecen a Batasuna, para lo que es imprescindible que comparezcan en el alto tribunal las personas que figuran como sus titulares, y proceder a la aplicación de la teoría del levantamiento del velo.
La Sala del 61, compuesta por Hernando, Fernando Ledesma, Juan Antonio Xiol, Juan Saavedra, Angel Calderón, Aurelio Desdentado Bonete, Román García Varela, Joaquín Delgado, Ricardo Enríquez, José Luis Calvo Cabello, Juan Ramón Berdugo, Javier Juliani, Antonio Salas, Manuel Martín Timón y Jesús Souto, previsiblemente se inclinará por dar audiencia a los titulares formales de las herrikos para comenzar a tramitar el procedimiento del levantamiento del velo.
La ley de partidos políticos, por la que se ilegalizó Batasuna, prevé la apertura de un proceso de liquidación patrimonial independiente y que el patrimonio neto del partido ilegalizado se destine por el Tesoro Público a actividades de interés social o humanitario.
PRÓRROGA DEL CASO JARRAI
Por otra parte, el Tribunal Supremo hizo pública hoy una nota de prensa en la que asegura que la prórroga de su resolución sobre si la organización juvenil Jarrai forma parte de ETA o es una asociación ilícita no terrorista, como concluyó la Audiencia Nacional en una sentencia de junio del año pasado, "obedece en exclusiva a la necesidad de examinar" la causa "con la normal e imprescindible profundidad técnica".
En este sentido, recuerda que los 24 condenados han formulado 71 motivos en sus recursos, además de los alegados por la Fiscalía y la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), quienes aseguran que Jarrai constituye parte de ETA y no sólo una asociación ilícita.
