El Tribunal Supremo rebaja a la mitad la pena a un empresario que exigía dinero a inmigrantes por contratos falsos

Actualizado: martes, 6 febrero 2007 13:19

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo ha rebajado a más de la mitad (de 4 años y medio de cárcel a 2) la pena impuesta a un empresario por un delito de estafa, al exigir dinero a inmigrantes a cambio de un empleo en su negocio, a pesar de que sabía que las solicitudes de regularización no se concederían, porque tenía una deuda con la Seguridad Social de más de 60.000 euros.

La Audiencia Provincial de Huelva condenó a Tomás Vicente E.F. a cuatro y medio años de prisión y multa de trece meses a razón de tres euros diarios al considerarle autor de un delito de estafa con las agravantes de primera necesidad, especial gravedad y abuso de relaciones personales o profesionales.

Sin embargo, el alto tribunal entiende que se le tenía que aplicar la primera, porque castiga la conducta delictiva que se refiere a los documentos necesarios para la lícita permanencia y trabajo de los extranjeros inmigrantes en España, pero no la de especial gravedad, porque sólo estafó 3.800 euros y el propio Supremo ha establecido el límite para aplicar gravedad por la cuantía defraudada en 36.000 euros.

Tampoco, según el Supremo, debió aplicarse la agravante de abuso de las relaciones personales existentes entre víctima y defraudador o de aprovedamiento de su credibilidad empresarial o profesional, porque dichas relaciones no existían ni el acusado ofreció un aspecto empresarial o profesional que no tenía.

La Audiencia de Huelva condenó al empresario porque, a través de un intermediario que resultó absuelto, exigió 800, 1.000 y 2.000 euros a tres inmigrantes a cambio de un empleo en su empresa, que aún no estaba en funcionamiento cuando se presentaron las solicitudes de regularización.

Los inmigrantes necesitaban el empleo para obtener la oferta documentada de trabajo necesaria para recibir el permiso de residencia legal en España, pero el condenado sabía que no se concederían los permisos, porque estaba acusado de tener una deuda con la Seguridad Social de 60.000 euros.

Por eso está claro que cometió la estafa, ya que engañó al ofrecer lo que no podía cumplir, pero su condena debe ser de 2 años de cárcel y multa de diez meses, porque no se produjo la especial gravedad ni el abuso de las relaciones personales apreciados por el tribunal de instancia.