MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Supremo deliberará el próximo 15 de enero sobre el recurso presentado por el magistrado José Ricardo de Prada contra el nombramiento de Javier Gómez Bermúdez como presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. De trata de la tercera ocasión en la que el alto tribunal debate sobre este asunto, tras un recurso anterior a instancias de De Prada que provocó la anulación del nombramiento por falta de motivación y otra iniciativa del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que igualmente obligó a subsanar la designación de Gómez Bermúdez por parte del Consejo General del Poder Judicial. Fuentes jurídicas señalaron hoy que el recurso de De Prada, quien se reincorporó recientemente a la Sala de o Penal de la Audiencia trs spaso por el Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia, se verá el próximo 15 de enero por parte de la Sección VIII de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. La petición de este magistrado cuenta con el apoyo parcial de la Fiscalía del Tribunal Supremo.
El último recurso de De Prada por vulneración de derechos fundamentales se basa en dos argumentos. Consisten en que el Pleno no tuvo en cuenta los méritos del propio De Prada, porque no estaba incluido en la terna aprobada por la Comisión de Calificación, y que el nombramiento de Gómez Bermúdez contó con el voto del presidente el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Supremo, Francisco José Hernando, cuando debía haber cesado el pasado 7 de noviembre.
APOYO PARCIAL DE LA FISCALÍA.
El fiscal del Supremo Pedro Campoy pide que se estime el recurso en lo relativo a la primera alegación y que se rechace la segunda. En su opinión, el que no se evaluaran los méritos de De Prada, que fue incluido entre los candidatos a petición de los vocales Félix Pantoja y Javier Martínez Lázaro, por parte de la Comisión de Calificación es constitutivo de la "desigualdad denunciada".
Afirma el fiscal que "tiene razón el demandante, ya que la sentencia" que anuló por primera vez el nombramiento de Gómez Bermúdez, "exige que la Comisión de Calificación elabore un informe razonado de los méritos y circunstancias que concurren en cada uno de los candidatos".
"La omisión de este trámite preceptivo supone una irregularidad ordinaria" que "alcanza la dimensión constitucional al suponer también una desigualdad entre los diferentes aspirantes que optan al nombramiento para una plaza vacante". Según el último recurso del magistrado de la Audiencia Nacional destinado en Sarajevo, el Pleno sólo tuvo acceso a los méritos de los componentes de la terna seleccionada (Gómez Bermúdez, Baltasar Garzón y Alfonso Guevara).
En cambio, el informe señala que el argumento de que Hernando, "al haber transcurrido con exceso el mandato de cinco años desde la fecha de constitución del Consejo, no puede ya presidir dicho órgano" es "una alegación de mera legalidad ordinaria que no conlleva" la vulneración de los artículos 14 y 23 de la Constitución.
Además, agrega que debe interpretarse en concordancia con el artículo 115.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que dice literalmente que "el Consejo saliente continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Consejo". De ello se desprende -agrega el fiscal- que "todo el consejo saliente y naturalmente su presidente permanecerán en funciones ejercitando todas las atribuciones que la ley confiere al Consejo y entre ellas las de los nombramientos para los distintos órganos jurisdiccionales".
RECURSOS ANTERIORES.
El Pleno de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo confirmó el pasado 9 de mayo el tercer nombramiento de Gómez Bermúdez al rechazar un recurso de súplica presentado por José Ricardo de Prada contra el auto que había desestimado el incidente de ejecución interpuesto previamente.
El Pleno de la Sala Tercera del Supremo explicaba en su auto del pasado 23 de febrero que siempre que el Consejo General del Poder Judicial ha seguido en funciones a la espera de su renovación "ha seguido desempeñando su actividad institucional con plenitud de competencias sin restricción alguna".
El nombramiento de Gómez Bermúdez como presidente de la Sala de lo Penal fue anulado en dols ocasiones anteriores por el alto tribunal: la primera, por falta de motivación, y la segunda al estimar un incidente de ejecución de sentencia presentado por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que entendió que en su segundo nombramiento se había incumplido la sentencia anterior del Supremo.