MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Supremo ha solicitado al Gobierno que indulte parcialmente a dos agentes de Policía que detuvieron ilegalmente a dos recoge-vasos que les expulsaron de un bar, en Bilbao, al entender que debe tenerse en cuenta en el caso que los hechos se produjeron en el País Vasco, "lugar donde tiene especial incidencia el terrorismo de ETA con las consecuencias que eso trae consigo en particular para los miembros de la Policía Nacional y Guardia Civil que allí ejercen sus funciones".
Así, la sentencia hecha pública hoy confirma la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Vizcaya a cada uno de los agentes, consistente en multa de cinco meses con cuota diaria de 10 euros e inhabilitación absoluta por un periodo de ocho años, así como que indemnicen a cada una de las dos personas ilegalmente detenidas con 3.000 euros, al desestimar los recursos de casación de los acusados.
El alto tribunal explica que ambos cometieron el delito por el que se les condenó y que, por ello, se les aplicó la pena mínima prevista por la ley, pero entiende que la inhabilitación impuesta "es una pena excesivamente rigurosa en el caso presente, por lo que acordamos proponer al Gobierno que conceda un indulto parcial de modo que tal pena quede reducida de ocho años a dos".
La sentencia justifica el indulto en dos circunstancias: el que los hechos hayan ocurrido en el País Vasco, "donde tiene especial incidencia el terrorismo de ETA" y que "sus superiores jerárquicos, que prestaron el auxilio de una patrulla uniformada para realizar las detenciones ilegales objeto de este procedimiento, tuvieron conocimiento de los hechos antes de su realización".
INCIDENTE EN UN BAR.
Los hechos declarados probados consisten en que en la madrugada del 29 de enero de 2000 los dos agentes condenados se encontraban realizando, sin uniforme, labores del Grupo de Avanzadas y Contravigilancias al que pertenecían, por las calles de Bilbao.
En un momento determinado se encontraron con un superior, acompañado de su mujer, quien les ofreció tomar algo en el pub Otxoa. Pidieron a una camarera varias consumiciones y ésta les indicó que no les iba a servir porque el superior y su esposa habían protagonizado un incidente días antes. A continuación varios empleados del establecimiento les pidieron que abandonaran el local.
Uno de los condenados, que llevaba once destinado en el País Vasco, enseñó su placa, pero el tumulto continuó, por lo que dos recoge-vasos acudieron en ayuda de sus compañeros para expulsar a los policías. El otro condenado, que hacía cuatro meses que estaba en el País Vasco, ayudó a sacar del pub a sus compañeros, que daban muestras de embriaguez.
Los dos condenados se dirigieron a la Jefatura Superior de Policía y contaron al inspector jefe de la Brigada Provincial de Seguridad y Protección lo que les había ocurrido. Pidieron que una patrulla detuviera a los dos individuos que les habían agredido en el establecimiento por si habían incurrido en un atentado contra agentes de la autoridad.
El jefe de Brigada se lo consultó al jefe Superior de Policía y, a pesar de que esa noche se desarrollaba una operación antiterrorista y todos los dispositivos estaban ocupados, se envió una patrulla a realizar la detención. Aunque en ningún momento los acusados declararon haber sido víctimas de un trato violento durante su expulsión del pub, los dos recoge-vasos fueron arrestados. Quedaron en libertad ese mismo día tras ser puestos a disposición judicial.