El partido de Abascal amplió su acción penal contra Sánchez tras la designación de Delgado como fiscal general
MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Supremo ha impuesto a Vox una fianza de 12.000 euros a Vox antes de estudiar si inicia los trámites de admisión a trámite de la querella que presentó Vox el pasado mes de enero contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la exministra de Justicia Dolores Delgado y los tres abogados del Estado que firmaron el informe sobre el líder de ERC Oriol Junqueras tras conocerse la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que reconoció su inmunidad como eurodiputado electo mientras cumplía prisión provisional por el 'procés'. La petición se realiza antes incluso de remitir la querella a la Fiscalía para informe.
El partido de Santiago Abascal ve delitos de "prevaricación, obstrucción a la justicia y deslealtad profesional" en la actuación del presidente y Delgado y también en los tres abogados que escribieron sus alegaciones por considerar que lo hicieron "al dictado" de la exministra de Justicia. La querella fue ampliada unos días más tarde, tras el nombramiento de Delgado como nueva fiscal general del Estado.
Fuentes del alto tribunal señalan que las fianzas son habituales en el caso de querellas interpuestas por partidos políticos y que desde hace unos dos años fijan en 12.000 euros.
Así ocurrió en el caso de otra querella presentada por Vox contra Sánchez por su tesis, que fue finalmente inadmitida, así como la instada por Coalición por Melilla contra el presidente de la ciudad autónoma Juan José Imbroda; otra del PC contra el Rey Juan Carlos o una presentada por el Grupo Municipal Socialista de Marbella (Málaga) contra la alcaldesa de dicho municipio María Ángeles Muñoz.
OCHO DÍAS DE PLAZO
En este caso, para poder ejercer la acción popular, Vox debe prestar su fianza en metálico en el plazo de ocho días desde que le sea notificado el auto dado a conocer este martes por el Tribunal Supremo. En su auto, considera que la cantidad de 12.000 euros es adecuada porque satisface las exigencias legales y no impide el ejercicio de la acusación al partido querellante.
Vox presentó su querella ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dada la condición de aforados de Sánchez y Delgado al entender que en el informe de los abogados Rosa María Seoane, Luis Gonzaga de Toledo y Consuelo Castro Rey los dos primeros "actuaron de manera deliberada contra las funciones encomendadas a la Abogacía del Estado, torciéndolas a su propio interés como superiores jerárquicos de los mismos".
Añadían que los abogados del Estado trabajaron cumpliendo "las expectativas y mandatos políticos trasladados" por el Gobierno, a través de Delgado, "en la expectativa de una recompensa futura o por temor a un hipotético cese".
En su denuncia, Vox también apuntaba que ERC tuvo conocimiento del escrito de la Abogacía antes de que se hiciera público, por lo que su grupo parlamentario en el Congreso ya ha solicitado los borradores y comunicaciones realizados para la confección del escrito definitivo. Tres días más tarde, cuando se conoció que se nombraría a Delgado como fiscal general, Vox amplío su querella inicial con estos nuevos hechos.
