El TS rechaza obligar al Gobierno al reparto de material sanitario a instancias de Abogados Cristianos

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha desestimado la medida cautelar instada por la asociación de Abogados Cristianos para obligar al Gobierno al reparto de material sanitario en determinados centros asistenciales.

Dicha medida cautelar se reclamaba dentro de una querella que la citada asociación ha presentado contra el presidente del Gobierno, dos vicepresidentes y varios ministros por delitos de omisión del deber de socorro y prevaricación en relación a la crisis del coronavirus.

En una providencia dada a conocer este lunes, la Sala argumenta que el contenido de la querella formulada no revela los presupuestos necesarios para la adopción de una medida cautelar como la instada, que el tribunal considera que desborda con claridad los márgenes y objeto de este proceso penal, así como la competencia de la propia Sala de lo Penal del Supremo.

Tras desestimar la medida cautelar, el Supremo seguirá los pasos para decidir en su momento si procede admitir a trámite o no la querella, según la información hecha pública por el alto tribunal.

La asociación Abogados Cristianos presentó el pasado mes de abril en el Supremo una querella contra todos los miembros del Gobierno por los delitos de omisión del deber de socorro y prevaricación en la gestión de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus y solicita que acepte la medida cautelar de obligar al Ejecutivo a repartir de "inmediato" material sanitario a los centros sanitarios y residencias de ancianos y de personas con discapacidad.

La presidenta de esta asociación y letrada, Polonia Castellanos, afirma en la querella que el Gobierno "tenía perfecto conocimiento de la letalidad" del Covid-19, pues fue en noviembre de 2019 cuando se "conocieron los primeros casos de infectados" en China.

A ello añade que el pasado 30 de enero, el Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional declaró el brote del nuevo coronavirus como una "emergencia de salud pública de importancia internacional" y que la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió de la necesidad de la "realización masiva de test".

Así, la asociación hace un recorrido de todos los hechos que considera relevantes y que, a su juicio, demostraría el conocimiento del Gobierno sobre los hechos, como la primera víctima mortal por coronavirus en España el 13 de febrero de 2020 o los informes del Centro Europeo para la prevención y control de enfermedades y de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad sobre el riesgo de contagio en concentraciones multitudinarias.

También señala un informe técnico redactado "48 horas antes" de la manifestación del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, por el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitaria, Fernando Simón --también querellado--, "donde se explicaba que el virus se trasmitía de humano a humano por contacto de menos de 2 metros".

No obstante, en esta enumeración de hechos la asociación hace énfasis en el propio 8-M. Según dice, mientras en Italia "se comienzan a cerrar zonas enteras del país, el Gobierno de España impulsaba y alentaba a acudir a manifestaciones feministas" y todo ello "a sabiendas de que se trataba de un virus altamente contagioso y que la asistencia a la manifestación implicaba un riesgo de contagio muy elevado".

OTRAS QUERELLAS PENDIENTES

Esta querella es la tercera acción judicial que se interpone en el Tribunal Supremo contra un miembro del Gobierno por la gestión la pandemia del coronavirus. Un particular presentó una denuncia en el alto tribunal contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al entender que habría cometido un delito de prevaricación por permitir manifestaciones multitudinarias días previos a la declaración del estado de alarma, como el 8-M.

Asimismo, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha presentado también una denuncia ante el Tribunal Supremo contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, por delitos de homicidio imprudente, de lesiones y contra los trabajadores por infracción de las normas de prevención laboral por no dotar con el material de protección individual necesario a los profesionales sanitarios que trabajan para evitar la propagación de la pandemia del coronavirus.