MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia por la que resuelve que la competencia para investigar el accidente de un helicóptero Cougar que acabó con la vida de tres militares y dejó herido grave a otro el 29 de enero de 2007 en Sesma (Navarra) corresponde a un juzgado togado militar y no a uno penal de instrucción, según consta en el escrito del Alto Tribunal, publicado por el Boletín Oficial de Defensa (BOD) y recogido por Europa Press.
La Sala de Conflictos de Jurisdicción del Supremo fue la encargada de resolver el contencioso entre el Juzgado Togado Militar Territorial número 43, con sede en Burgos, y el Juzgado de Instrucción número dos de Estella (Navarra), órganos ambos que decidieron abrir sus respectivas investigaciones tras registrarse el siniestro.
El alto tribunal explica en su sentencia, dictada el 16 de diciembre pasado, que ambos órganos iniciaron sus respectivas investigaciones el mismo año del accidente del helicóptero, perteneciente a las Fuerzas Aeromóviles del Ejército (FAMET) y que, ya en enero de 2008, el juzgado castrense pidió al civil que se inhibiera por entender que los hechos analizados podrían ser enjuiciados atendiendo al Código Penal Militar.
El juzgado penal con sede en Estella decidió en febrero de 2008, más de un año después de los hechos, rechazar el requerimiento que le trasladó previamente el togado por considerar que, al no haber concluido entonces las pesquisas de la Comisión de Investigación de Accidentes de Aeronaves Militares (CITAAM), no estaba "en condiciones de determinar" si los hechos constituían "una conducta punitiva" contemplada en la normativa penal civil o castrense.
Tras el cruce de solicitudes, el contencioso se elevó el 23 de abril del pasado año a la Sala de Conflictos del Supremo, que recibió las actuaciones realizadas por los dos órganos judiciales y consultó a sus respectivos fiscales sobre el órgano que debía asumir la competencia de las indagaciones.
Así, el Supremo fijó en una providencia dictada el pasado 20 de noviembre que la vista para resolver el enfrentamiento competencial se realizaría el 15 de diciembre y decidió entonces que correspondía al juzgado togado las indagaciones judiciales al estimar que el accidente afectó o puso en peligro "el bien jurídico militar" que protege el Código Penal castrense.
La sentencia del Supremo, de la que fue ponente José Carlos Dívar Blanco, fue aprobada por la Sala de Conflictos de Jurisdiscción del Tribunal Supremo el 16 de diciembre pasado y fue publicada la pasada semana por los Boletines Oficiales del Estado y del Ministerio de Defensa.
En el apartado de fundamentos de derecho, el Alto Tribunal señala que la caída del helicóptero se produjo "a consecuencia de una maniobra de viraje con descenso próxima al suelo". El siniestro acabó con la vida de los sargentos primeros Domingo José Hernando y Angel Manuel Estraviz y el cabo Andrés Avendaño, que falleció después de la colisión como consecuencia de las heridas. El sargento Pedro Chamarro resultó herido grave.
