El TS revisa el miércoles la condena a 45 años de cárcel del asesino de una educadora de una ONG en Zamora

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo revisará el próximo miércoles la condena de 45 años de cárcel impuesta por la Audiencia Provincial de Zamora a Abdelhuajed Fatdar Nali, quien en abril de 2003 asesinó a una educadora social de la ONG Mensajeros de la Paz y acuchilló en el cuello a un taxista para robarle un vehículo con el que huir de la ciudad castellana.

Los magistrados que compondrán el tribunal son Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, Julián Sánchez Melgar, Carlos Granados, Siro García y Diego Antonio Ramos, quien será el ponente de la sentencia que dicten.

La resolución de la Audiencia de Zamora consideraba probado que el joven marroquí fue responsable de la muerte de María Auxiliadora Vázquez a la que causó varias heridas con una navaja, amordazó, estranguló y abandonó todavía viva encerrada en el sótano de la residencia de Mensajeros de la Paz. Por estos hechos, cometidos con "alevosía y ensañamiento", se le impuso una pena de 25 años de prisión.

La sentencia también condenaba al joven a otros 20 años de prisión por delitos de asesinato en grado de tentativa y robo con violencia, por agredir con una navaja en el cuello al taxista Jerónimo Gómez para hacerse con su vehículo y escapar de la ciudad.

Además, fijaba una indemnización de 75.000 euros para el padre de la educadora de la ONG y de 12.000 euros para cada uno de sus tres hermanos por los daños morales provocados, aunque debido a su insolvencia económica, la responsabilidad civil subsidiaria se estableció sobre la ONG Mensajeros de la Paz y la ciudad autónoma de Ceuta.

El joven se encontraba en la península como consecuencia de un convenio entre Ceuta, que ostentaba su tutela legal, y Mensajeros de la Paz, en cuyos programas se integró para favorecer su inserción social y laboral. La sentencia establece que ninguna de las dos aplicaron las medidas de control necesarias para evitar el asesinato. Además, sostiene que el gobierno ceutí falsificó la edad del joven para que pudiera acogerse al programa de integración y "generó un riesgo" que derivó en el asesinato.

Tras el ataque al taxista, cuando el agresor escapaba de la ciudad, sufrió un accidente con el vehículo que provocó su detención. La indemnización en este caso se fijó en casi 34.000 euros, en los que no se estableció la responsabilidad civil subsidiaria ni de la ONG ni de la ciudad de Ceuta.