El TSJ declara nulo el acuerdo del ayuntamiento de Arroyo (Valladolid) para construir 309 viviendas

Actualizado: jueves, 21 septiembre 2006 12:22

VALLADOLID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha anulado mediante una sentencia el convenio urbanístico que suscribió el alcalde de Arroyo de la Encomienda, José Manuel Méndez Freijo (PP), con un importante constructor, José Gabriel Lasa Ayani, mediante el cual el Consistorio le permitía el pasado año edificar 309 viviendas en una parcela de La Vega de su propiedad.

El constructor, cuya grupo empresarial está representado por la sociedad Infila, era propietario de tres parcelas en el núcleo de La Vega que estaban definidas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Arroyo como urbanas de uso terciario, es decir, sin posibilidades de edificación para uso residencial, según una información de El Norte de Castilla recogida por Europa Press.

En este caso, la nueva sentencia judicial dictada por la Sala de lo Contencioso-administrativo de Valladolid declara nulo de pleno derecho el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Arroyo del 5 de mayo del 2005, por el que se aprobaba definitivamente el Estudio de Detalle para la Modificación de las parcelas A-1, A-3 y A-4, situadas en el plan parcial de La Vega, muy cerca del complejo hotelero próximo a la autovía A-62.

La sentencia de la Sala de lo contencioso-administrativo del TSJ supone un nuevo revés a la gestión que está llevando el regidor del Partido Popular desde que accedió a la Alcaldía en mayo del 2003, gestión que está siendo investigada por un juzgado de Instrucción de Valladolid desde el pasado mes de mayo, cuando se conoció otro acuerdo alcanzado por Méndez con la constructora gallega Mahía, a la que se autorizó inicialmente por parte del Pleno Municipal la edificación de 2.984 viviendas en un sector que estaba clasificado para uso industrial.

La Asociación de Vecinos San Juan y San Antonio de La Flecha recurrió ante los tribunales dicho acuerdo por entender que el propietario de los solares lograba unas importante plusvalías por la autorización para levantar 309 viviendas al cambiar el uso.