SANTANDER, 25 May. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha confirmado la legalidad de la resolución adoptada hace seis años por la Junta de Gobierno de la Universidad de Cantabria de no renovar el contrato anual a un profesor asociado de Derecho Mercantil, y convocar un concurso público para cubrir la plaza que éste ocupaba.
En contra de lo argumentado por el recurrente, el TSJC señala que la convocatoria de un concurso público para la provisión de una plaza de profesor asociado constituye "el mecanismo legalmente previsto" para la contratación del profesorado universitario, y destaca que la renovación anual de dichas plazas es también "pública y notoria", sin que el desempeño de las mismas en años anteriores obligue a la contratación indefinida del mismo profesor en los años sucesivos. La Sala estima además "suficientemente motivado" el nuevo baremo de méritos establecido en dicho concurso.
El largo proceso judicial entre ambas partes, que llegó hasta el Tribunal Constitucional, se inició en octubre del año 2000, cuando la Junta de Gobierno de la UC dictó dicha resolución después de que el profesor, Juan M.L., que había impartido clases en el curso 1999/2000, presentara un recurso de alzada contra la decisión en este sentido que previamente había tomado el Consejo de Departamento de Derecho Privado.
Al ser desestimada su pretensión, el profesor interpuso en el año 2001 un recurso contencioso-administrativo, que fue estimado parcialmente por el Juzgado de Instancia, que declaró la nulidad de la convocatoria del concurso público para la dotación de la plaza, en base al principio de confianza legítima y en la falta de motivación del nuevo baremo aplicado a la convocatoria.
No obstante, el TSJC estimó posteriormente el recurso de apelación interpuesto por la Universidad contra dicha sentencia. El profesor presentó entonces recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional invocando vulneración de garantías procesales y del derecho a la tutela judicial efectiva.
El Constitucional otorgó el amparo, anuló la sentencia del TSJC y ordenó retrotraer las actuaciones judiciales al momento anterior a dicha sentencia para que se dictaminara de nuevo sobre el caso, como ahora ha ocurrido.
