LUXEMBURGO, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -
Los ministros de Interior de la UE acordaron hoy hacer obligatoria la participación de sus agentes en las operaciones de la Agencia Europea de Fronteras Exteriores (FRONTEX) para hacer frente a llegadas masivas de inmigrantes, como las que se producen en Canarias. Según el texto adoptado, corresponderá a la agencia hacer un cálculo de los efectivos necesarios y así se lo comunicará a cada Gobierno europeo.
Los ministros alcanzaron un acuerdo político sobre los equipos de intervención rápidos en fronteras durante el Consejo de Justicia e Interior que terminó este viernes en Luxemburgo.
El acuerdo señala que el consejo de administración de FRONTEX, donde están representados los Estados miembros, decidirá por mayoría de tres cuartos el número total y los perfiles de los agentes de las guardias de fronteras nacionales que deberán ponerse a disposición de los equipos de intervención rápida. El número oscilará entre 250 y 500 personas.
El acuerdo adoptado este viernes por los ministros se enviará al Parlamento Europeo para su aprobación la semana que viene y, posteriormente, los 27 Estados miembros volverán a dar su visto bueno, esta vez definitivo, en el mes de junio.
El acuerdo admite el aspecto más destacado del informe que aprobó la comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, consistente en hacer obligatorio y no opcional que los Estados miembros envíen a sus expertos en gestión de fronteras cuando un país solicite ayuda a la agencia FRONTEX.
Según el texto del acuerdo, la Agencia tendrá que tomar una decisión sobre los efectivos que son necesarios para una operación determinada como muy tarde cinco días después de haber recibido la alerta del país afectado. "Si FRONTEX aprueba una petición para desplegarse se diseñará inmediatamente un plan operativo, que especificará la duración, las tareas y la composición de los equipos", reza el acuerdo.
Cada Estado miembro tendrá que designar, de acuerdo con la decisión de FRONTEX, a sus agentes fronterizos nacionales que pasen a formar parte de esta "reserva estratégica", y éstos se movilizarán obligatoriamente a petición de la Agencia cuando le llegue una petición urgente de un país de la UE.
Sin embargo, el acuerdo contempla dos excepciones a la obligatoriedad de enviar a agentes: cuando el propio país receptor de la solicitud sufra presiones de flujos migratorios o cuando tenga que gestionar un acontecimiento de gran escala como un mundial de fútbol o una exposición internacional.
Los agentes de los equipos de intervención rápida estarán en pie de igualdad con los del país receptor, ambos tendrán "los mismos poderes", lo que supone que podrán llevar armas y emplear la fuerza. No obstante, se señala que éstos estarán "bajo el mando del Estado demandante" y sus tareas consistirán en la "vigilancia de fronteras" y otros de acuerdo con el código de vigilancia de Schengen.
Asimismo, se contempla que los agentes podrán ejercer la autodefensa de acuerdo con la ley nacional del Estado de recepción. Llevarán su propio uniforme y un brazalete azul con las insignias de la UE y de FRONTEX que les identificará como miembro de los equipos de intervención rápida en las fronteras. El país que los envíe seguirá pagando su sueldo, pero el resto de los gastos del despliegue los asumirá la Agencia.
El compromiso final entre el Consejo y el Parlamento prevé la protección de los datos personales a los que puedan acceder los agentes de los equipos en cumplimiento de sus funciones, así como garantías de que su trabajo se realizará "respetando plenamente la dignidad de las personas" y los Derechos Humanos.
El Parlamento, la Comisión y el Consejo han llegado a un principio de acuerdo en el que se comprometen a buscar una solución en el caso de que FRONTEX se quede sin presupuesto antes de finalizar un año presupuestario y tenga operaciones pendientes.
