BRUSELAS, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -
Los ministros de Interior de la Unión Europea acordarán hoy reforzar el control de la frontera marítima del sur de Europa para luchar mejor contra la inmigración ilegal que este verano ha afectado con especial intensidad a las islas Canarias, Lampedusa, en Italia, y las costas de Malta.
Además, aprobarán el mecanismo que obligará a partir de ahora a comunicar a las instituciones comunitarias las decisiones nacionales en materia de asilo e inmigración, como los procesos de regularización. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, acudirá a la reunión, que se celebra en Luxemburgo. El viernes lo hará el secretario de Estado de Justicia, Luis López Guerra.
El Consejo admitirá la especificidad de las fronteras marítimas del sur e implícitamente la dificultad añadida para garantizar su control, dado que la vigilancia del mar exige controlar aguas territoriales a miles de millas de distancia y requiere que las labores de patrullaje se prolonguen mucho más allá de la línea de costa. El reconocimiento de esta peculiaridad ha sido muy bien recibida por España y el resto de los países de la ribera sur del Mediterráneo, cuya petición se explicitó en la Conferencia sobre Inmigración celebrada en Madrid el pasado viernes y ahora respalda la Unión en su conjunto.
Los ministros pedirán a la Comisión Europea examinar las posibilidades de reforzar la Agencia Europea de Fronteras (Frontex) con más medios y más personal, así como incrementar su presupuesto para 2007 y los años siguientes para aumentar su capacidad de respuesta ante las crisis migratorias como las vividas este verano, especialmente para reaccionar con rapidez en las labores de coordinación de los diferentes Estados miembros que participen en las operaciones de Frontex.
También se sugerirá al Ejecutivo comunitario analizar los instrumentos de la legislación marítima internacional, junto a las leyes sobre refugio y asilo, para desarrollar una pauta clara de actuación para atajar los flujos migratorios en alta mar. Asimismo, se quiere evaluar los medios para apoyar a los países que tienen que acoger gran número de inmigrantes, incluidos menores.
ABRIL DE 2005
Por lo que se refiere al mecanismo de información mutua sobre las medidas de los Estados miembros en materia de asilo e inmigración, la iniciativa se adoptó por primera vez en abril de 2005, tras la polémica surgida por el proceso de regularización de 600.000 inmigrantes llevada a cabo por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero poco antes de esa fecha.
El Consejo de Justicia e Interior pidió entonces crear un sistema de información mutua entre los responsables de la política de migración y asilo en los Estados miembros para comunicar la información sobre medidas que puedan tener un impacto significativo en varios Estados miembros o en el conjunto de la Unión Europea. Se quiere así permitir el intercambio de opiniones entre Estados miembros y la Comisión, a petición de cualquiera de ellos.
El mecanismo de información debe basarse en la solidaridad, transparencia y confianza mutua y debe proporcionar un cauce para el intercambio flexible, rápido y no burocrático de información y de opiniones sobre medidas nacionales en materia de asilo e inmigración a nivel de la Unión Europea.
Entre las medidas en materia de asilo e inmigración que puedan tener impacto en el territorio de otros socios se podrán incluir intenciones políticas, programación a largo plazo, proyectos de legislación o legislación adoptada, resoluciones firmes de órganos jurisdiccionales superiores que aplican o interpretan medidas de Derecho nacional y decisiones administrativas que afectan a un número de personas significativo.
LO ANTES POSIBLE
Además, la comunicación de la información pertinente debe producirse, a más tardar, cuando las medidas de que se trate pasen a ser accesibles para el público. No obstante, se anima a los Estados miembros a que la transmitan lo antes posible. En todo caso, estará supeditado a los requisitos de confidencialidad y protección que puedan aplicarse a una medida concreta y corresponderá a cada país evaluar si sus propias medidas nacionales pueden tener impacto en varios Estados miembros o en el conjunto de la UE.
La Comisión o un Estado miembro podrán solicitar información adicional sobre los datos comunicados por otro país a través de la red. En tal caso, el Estado en cuestión facilitará la información adicional en el plazo de un mes. No obstante, no se podrá solicitar más información sobre resoluciones firmes de órganos jurisdiccionales superiores que apliquen o interpreten medidas de Derecho nacional. El mecanismo de consulta previa entrará en vigor veinte días después de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
VISADOS
El Consejo, que se inicia a las 10.00 horas de hoy con los temas relativos a política interior y continuará el viernes con los de justicia, verá también la propuesta del Ejecutivo comunitario de exigir visado a los diplomáticos norteamericanos, una medida contemplada en la normativa comunitaria en caso de falta de reciprocidad por parte de Estados Unido a la hora de exigir visado a ciudadanos europeos.
En la agenda figura asimismo la aprobación de la base jurídica del Sistema de Información Schengen (SIS) de segunda generación (llamada SIS II) pero la puesta en marcha del dispositivo en sí mismo, que permitiría en la práctica abolir los controles de fronteras que todavía existen en los territorios de los nuevos Estados miembros su aplicación tendrá que esperar.
Aunque inicialmente se fijó la fecha de junio de 2007 problemas técnicos para incorporar los datos biométricos y lograr un funcionamiento del sistema que garantice la seguridad de las fronteras interiores han llevado a la Comisión y a la propia presidencia de turno del Consejo a readaptar el calendario y se habla ya de que no será viable antes de 2008. Sobre la mesa habrá, no obstante, una iniciativa portuguesa para salir del paso que consiste en ampliar a los nuevos países el actual sistema.
El Consejo tendrá que pronunciarse el viernes si da o no su visto bueno al acuerdo que se está negociando en este momento con Estados Unidos sobre la transferencia de datos de pasajeros que quieran viajar a territorio norteamericano.
