BRUSELAS 13 Oct. (EUROPA PRESS) -
El eurodiputado del PP José Manuel García-Margallo preguntó hoy a la Comisión Europea si el trazado alternativo que presentó el Gobierno para el trasvase del río Júcar al Vinalopó cumple con el reglamento de ayudas de los fondos europeos y con la directiva de agua y si podrá beneficiarse de los 80 millones de euros del presupuesto de 2006 que se asignaron para el trazado contemplado en el ya derogado Plan Hidrológico Nacional (PHN).
En una pregunta parlamentaria, García-Margallo manifestó su "temor" de que "los cambios introducidos por la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, pudieran suponer la pérdida de dichos fondos", informó el PP en un comunicado.
Fuentes de la Comisión Europea indicaron hoy que sus servicios siguen analizando el proyecto que presentó y sobre el que esperan que se pueda tomar una decisión en las próximas semanas, para, en todo caso, que sea antes de que termine el año. Además, fuentes comunitarias indicaron anteriormente que también fue necesario pedir la opinión del Banco Europeo de Inversiones (BEI).
Este nuevo trazado supone tomar el agua en el tramo final del río Júcar, en Azud de la Marquesa, lo que supondrá interceptar en túnel solamente 2,8 kilómetros de áreas sensibles en comparación con los 44,7 kilómetros del trazado anterior. La longitud del trazado será de 77,5 kilómetros con una conducción de un diámetro de entre 1,6 y 2,95 metros, según datos del Ministerio de Medio Ambiente.
En opinión de García-Margallo, las condiciones del proyecto de Narbona, que cuenta con el rechazo de los usuarios y con 30 kilómetros más de conducción, lo que implicará mayor consumo energético y más estaciones de bombeo de agua, también podrían ser utilizadas por Bruselas para denegar los fondos.
El eurodiputado popular reclamó al Ejecutivo comunitario que "compruebe si el nuevo proyecto cumple las obligaciones de los artículos del reglamento de los fondos estructurales relativos a la obligación de informar a las partes implicadas en las diferentes etapas del proyecto y a la denegación de subvenciones a aquellos proyectos que sufran modificaciones importantes que afecten a "su naturaleza o sus condiciones de aplicación".
En su pregunta explicó que "el Gobierno socialista podría haber incumplido ambas obligaciones al no haber tenido en cuenta las alegaciones en contra del nuevo proyecto que presentó la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, Alacantí y Marina Baja, cuya la aportación financiera es determinante para su ejecución" y también "al haber alterado sustancialmente las características del proyecto, en particular en su trazado, en la calidad del agua y en el coste de su explotación".
Por este motivo, pidió a la Comisión que compruebe si el nuevo proyecto cumple con varias disposiciones de la directiva del agua, relativas también a la información al público o partes interesadas, a la evaluación de impacto ambiental y, sobre todo, al principio de recuperación de costes del agua.