La vicepresidenta de LICIT pide que se "limite la arbitrariedad" en la actuación de las instituciones públicas y las autoridades
SANTANDER, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -
Dolores Juliano, antropóloga y vicepresidenta de LICIT (Línea de Investigación y Cooperación con Inmigrantes y Trabajadoras Sexuales), pidió hoy que se "limite la arbitrariedad" en la actuación de las instituciones públicas y las autoridades respecto a los inmigrantes que se hallan en situación ilegal porque, tal y como recordó, el "objetivo principal" debe ser el de "salvaguardar los derechos de las personas". Al respecto afirmó que estos colectivos que están "estigmatizados" o "discriminados" son "más sensibles a padecer abusos".
Juliano, quien esta mañana intervino en el curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) sobre 'Sexualidades en movimiento', realizó estas declaraciones a Europa Press al ser preguntada por la imputación, por parte del Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga, del jefe de seguridad del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la ciudad, por haber cometido abusos, presuntamente, contra algunas de las internas.
Esta experta lamentó que los colectivos que están "estigmatizados" o "discriminados" son "más sensibles a padecer abusos" y, en este sentido, apuntó que los inmigrantes ilegales en situación de detención resultan "especialmente vulnerables".
Comentó que hace dos años un equipo de investigación de LICIT realizó una investigación sobre violencia de género enmarcada en un proyecto 'Dafne de la UE', en cuya elaboración "cuando les preguntábamos a las prostitutas inmigrantes ilegales y sin papeles si habían padecido violencia y de qué tipo, las mayores quejas las teníamos de la violencia institucional, es decir, del acoso y maltrato policial", señaló.
"Esto se relaciona con la situación de las personas en ilegalidad, ya que a los ilegales las pueden interrogar hasta tres o cuatro veces por día, pidiéndoles la documentación, o se pueden iniciar expedientes de expulsión, etcétera", aseveró Juliano, quien resaltó que esos casos constituyen "acoso".
Por ello, abogó por que se "limite la arbitrariedad" en este tipo de actuaciones, dado que, como recalcó, "el objetivo principal es salvaguardar los derechos de las personas", de forma que "hay que ser muy cuidadosos de que las acciones, incluso las bien intencionadas, no terminen vulnerándolos", concluyó.
