UIMP.- Expertos creen "de larga elaboración" el Derecho Penal Europeo y lamentan el "bloqueo" inglés al sistema procesal

SANTANDER, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El magistrado del Tribunal Supremo (TS) y catedrático de Derecho Penal Enrique Bacigalupo manifestó hoy que tiene la "impresión" de que la creación del Derecho Penal Europeo será "de larga duración". "No va a ser para 2010", indicó.

A este respecto, el director del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, Jesús Sánchez, lamentó el "retraso enorme" que, a su juicio, va a suponer el "bloqueo" de Inglaterra e Irlanda a la propuesta de la Comisión Europea (CE) del año 2004 en la que se establecía la creación de un sistema procesal común para los países de la Unión Europea (UE).

Consideró que si esa propuesta hubiera entrado en vigor, "al menos" habría un sistema procesal "muy importante ya establecido" y que "estaría funcionado" desde finales de 2008.

Ello implica, además, que cada asunto procesal --como el derecho de defensa o las comunicaciones a los detenidos sobre sus derechos, cuestiones que son "el pilar de la cooperación judicial"-- haya que abordarlos ahora "uno a uno".

Destacó sin embargo que "el único paso" en el que se ha avanzado desde que la propuesta de la Comisión quedó derogada ha sido el sistema de traducción, un derecho que se garantiza a los seis millones de extranjeros y ciudadanos europeos que no viven en su país de origen.

Pese al "parón" que supuso el veto a la directiva de 2004, Sánchez aseguró que, aunque "va despacio", el Derecho Penal Europeo "tiene que ir".

El director del Instituto Ortega y Gasset coincidió con el magistrado del Tribunal Supremo en Santander, en un encuentro de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) sobre 'La técnica jurídica de un futuro derecho penal europeo'.

En una rueda de prensa, en la que también intervino el jefe de la Unidad D.2 de la Oficina Europea de la Lucha contra el Fraude (OLAF) de la CE, Lothar Kühl, Enrique Bacigalupo se refirió a las materias que serían objeto del Derecho Penal Europeo y que recoge el artículo 83 del Tratado de Lisboa.

Se trata de ámbitos delictivos de especial gravedad y que tengan una dimensión transfronteriza, entre los que se encuentran el terrorismo, la trata de seres humanos, la explotación sexual de mujeres y niños, el tráfico ilícito de drogas y armas, el blanqueo de capitales, la corrupción, la falsificación de medios de pago, la delincuencia informática y organizada y, también, la protección de los intereses financieros de la Unión Europea (UE). Recordó que estas materias podrían ser ampliadas por el Consejo Europeo.

El magistrado consideró asimismo que las diferencias en el ámbito europeo entre el derecho penal y sancionador administrativo son "de poca envergadura".

En relación a las responsabilidades con carácter sancionador administrativo, Bacigalupo destacó que entre los años 2004 y 2009 la Comisión ha pasado de imponer multas por abuso de posición dominante a diferentes empresas por importe de 151,9 millones de euros a 1.060 millones.

OLAF

Por último, el responsable de la OLAF destacó que desde la puesta en marcha de esta oficina, hace diez años, se ha logrado un "gran progreso" en la colaboración de los órganos judiciales de los Estados miembro en el ámbito de la acción penal.

Explicó que si bien la OLAF tiene una competencia "limitada" ya que, según precisó, no es una fiscalía, si ha permitido sin embargo que los países "usen mejor" sus órganos judiciales y cooperen más entre unos y otros.

Lothar Kühl explicó que el ámbito de actuación de la oficina que dirige se centra en fraudes sobre subvenciones o presupuestos de la UE, pero no a cuestiones de fraude o actuaciones ilícitas en el mercado de capitales, como el caso Madoff en Estados Unidos.