UIMP.-Un magistrado de TS cree que el poder judicial no ha "sabido estar a la altura de las circunstancias" en urbanismo

SANTANDER, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS) José Antonio Martín Pallín consideró hoy en Santander que el poder judicial "no ha sabido estar a la altura de las circunstancias" en lo que se refiere a la lucha contra los delitos urbanísticos, y lamentó que en España la situación en este sentido es "muy grave" ya que "no se están dando los pasos" que, a su entender, "exige" una situación "casi de excepción".

En declaraciones a Europa Press, el magistrado, quien esta semana dirige un curso en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo bajo el epígrafe 'El urbanismo factor de corrupción', señaló al respecto que los "fallos" son "múltiples" y no sólo en el ámbito judicial, sino que también son "de carácter legislativo" y "del poder ejecutivo" en todos sus niveles, estatal, autonómico y local.

Martín Pallín recalcó que el urbanismo constituye "sin duda" un "factor de corrupción", algo que a sus ojos "es fácilmente demostrable", dado que esta cuestión "no responde a criterios de desarrollo racional" sino a "finalidades puramente especulativas". Al respecto, incidió en que la "especulación" sobre una materia "tan esencial" y "de primera necesidad" como es la vivienda "necesariamente lleva a la comisión de delitos".

En todo caso, el magistrado denunció la existencia de una "tendencia" a la "mitología de las leyes" y, como contrapartida, aseguró que "muchas veces basta con aplicar las (leyes) que ya existen". A este respecto, opinó que las penas por delitos urbanísticos deberían "ser mayores" dada su "gravedad".

Asimismo, indicó que en su opinión se precisan "más medios judiciales" para combatir esta delincuencia, dado que se trata de un fenómeno "complejo". Advirtió de que "hay que ser conscientes" de que con la actual estructura judicial "es imposible" hacer frente a los delitos urbanísticos.

"El problema es que los políticos tienen que decidir si la prioridad es la 'microdelincuencia', o realmente el gran peligro para la seguridad ciudadana es la 'macrodelincuencia", acotó.

En cuanto a la intención de crear equipos de la Guardia Civil contra la corrupción urbanística expresada por el director general del Instituto Armado, Joan Mesquida, Martín Pallín dijo que el SEPRONA, dedicado a delitos medioambientales, ya está "en condiciones" de "fiscalizar" las "pequeñas" y "medianas" construcciones en suelo rústico, de forma que eso "ya se está haciendo" y "no hace falta crear una nueva unidad".

En lo que se refiere al "caso grave" del urbanismo "desenfrenado" y "salvaje" en la costa y grandes ciudades, para el magistrado "una unidad de esa naturaleza sería totalmente inoperante" por lo que "habría que utilizar otros medios".

"El problema está en actuar frente a corrupciones que puede denunciar cualquier funcionario o particular, y el problema de la investigación lo puede hacer la policía judicial", dijo Martín Pallín, quien precisó que estaría "totalmente de acuerdo" si la idea se trata de "reforzar la unidad de policía judicial de la Guardia Civil".

'DESLUMBRAMIENTO'

Por otro lado, el magistrado de la Sala Segunda del Supremo subrayó que el urbanismo "es algo demasiado importante como para dejarlo en manos de los ayuntamientos". En este sentido, lamentó la "dispersión" de la normativa urbanística según comunidades autónomas que provoca "que no haya un control" de los planes urbanísticos.

Como solución se hizo eco de la aportada en el curso por el profesor Joan Romera, que a su juicio pasaría por "utilizar la fórmula de la Generalitat catalana" que, como explicó, "marca" unas "líneas intraspasables" para los planes urbanísticos, de forma que ninguno de los elaborados por los ayuntamientos puede ser "convalidado" en caso de "traspasar esos límites".

Al ser preguntado por las recientes operaciones 'Ballena Blanca' o 'Malaya', Martín Pallín se mostró "convencido" de que han servido para que "nos pongamos las pilas" y "meditemos" sobre "lo que no habíamos hecho y debemos hacer".

Al respecto, apuntó a las críticas sobre que estas operaciones se han "retrasado en exceso", si bien a su juicio han provocado "un revulsivo" en el mundo jurídico, en el que en cierta manera había "cierta inactividad" y "pasividad".

Reprobó que por parte de los ciudadanos en general existe "cierto deslumbramiento" respecto a los "beneficios" que puede producir para un pueblo la "urbanización desenfrenada". Como consecuencia, pidió a la población que "mire más allá, al futuro de sus hijos y nietos", y "reflexione" acerca del "pavoroso panorama" que está quedando.