Actualizado: miércoles, 19 julio 2017 18:16

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Unidos Podemos ha pedido al Gobierno que realice una investigación interna acerca del vuelo Barcelona-Dakar de la compañía Vueling que se retrasó después de que parte de los viajeros iniciaran una protesta al descubrir que se estaba deportando en el trayecto a un inmigrante.

La formación morada quiere saber los datos de esta repatriación, si se cumplieron los protocolos marcados en esos casos o cuál es el acuerdo existente con la compañía responsable del vuelo.

A través de una iniciativa, firmada por los diputados Marcelo Expósito (En Comú) e Ione Belarra (Podemos), Unidos Podemos muestra su preocupación por cómo se están llevando a cabo las deportaciones en España y por el hecho de que haya personas que tengan que ser testigos en vivo de las mismas.

"Entendemos que el Gobierno alegará estar actuando de acuerdo con la legalidad vigente. Pero asiste, tanto a la sociedad civil como a algunos de sus representantes, el derecho de expresar el desacuerdo con situaciones que se consideran irregulares por contrarias a los derechos humanos, intolerablemente lesivas para las personas deportadas e innecesariamente causantes de climas de tensión en la vida cotidiana tanto de las personas autóctonas, como también de las personas migrantes", señala el texto, recogido por Europa Press.

Por ello, llaman al Ejecutivo a investigar sobre este asunto ya que, según denuncia la formación, no es comprensible que se expulse del vuelo a 11 personas cuando, según apunta, fueron medio centenar de pasajeros los que se mostraron contrarios a la situación del inmigrante. Según los testigos, este se encontraba atado a un asiento en las últimas filas del avión.

INFORMAR A LOS PASAJEROS

Del mismo modo, cuestionan al Gobierno sobre la necesidad de que se informe a los pasajeros de que el vuelo en el que van a viajar se va a transportar a un migrante que va a ser deportado ya que, a su juicio, si se esconde esta información se vulnera el derecho de los pasajeros.

Finalmente, piden datos acerca de lo que cuesta al Estado estas repatriaciones, cuál es el precio que se le paga a la compañía y cuántas deportaciones se han producido en los últimos años o si están previstas más en los próximos meses.

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