Actualizado 26/04/2007 17:26 CET

La Unión acusa al ayuntamiento de Santander de favorecer un "negocio urbanístico" de 96 millones de euros

Asegura que se trata del "mayor escándalo urbanístico de la historia de Cantabria" y trabaja en una posible denuncia ante los tribunales

SANTANDER, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de La Unión y candidato a la Presidencia regional, Rafael Sebrango, acusó hoy al concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santander, Víctor Gil, de "otorgar a favor de determinados particulares con los que mantiene públicas y claras relaciones", un "negocio urbanístico" con un valor final en torno a "16.000 millones de pesetas" (más de 96 millones de euros) en terrenos situados frente al Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN).

En esa zona, según denunció hoy públicamente Sebrango, varios compradores, antes de conocerse el proyecto del Parque Científico, iniciaron un proceso de adquisición de terrenos rústicos "sin valor o interés urbanístico", lo cual a su juicio, representa una "locura" a no ser que se dispusiera de información previa sobre el futuro que iban a tener esos suelos.

Así, con el avance de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aprobado ya de forma inicial, esos terrenos pasarán a ser urbanizables y, además, se les asocian aprovechamientos urbanísticos vinculados a espacios protegidos por el Plan de Ordenación del Litoral (POL), con lo cual se podrán construir cerca de 6.500 viviendas, explicó el presidente de La Unión.

Según Sebrango, la nueva ordenación de esos terrenos les concede la "máxima" edificabilidad de las otorgadas para los nuevos desarrollos urbanísticos previstos en el PGOU (0,69 metros construidos por cada metro cuadrado de superficie), la "máxima" densidad de viviendas permitidas por la Ley del Suelo (70 por hectárea) y la "máxima" altura edificable entre las nuevas previsiones de desarrollo (no más de 15 alturas).

A ello se añade además otra "evidente ventaja", ya que las obras del PCTCAN incluyeron la dotación de infraestructuras de saneamiento, agua, etcétera, y la construcción de un puente desde el parque a dicho área, salvando así la S-20 que separa los terrenos en cuestión del Parque Científico.

"Todo indica que esto ya estaba ideado con mucha antelación y, cuando en 2003 se aprueba el PSIR del Parque Científico, se planea la construcción del puente, en ese momento inaudito, porque conduce a unos terrenos rústicos, y que es uno de los hechos favorecedores del valor de esos terrenos", apuntó Sebrango, quien añadió que los propietarios de los terrenos se ahorrarán ahora los costes de esos trabajos de urbanización.

"EL MAYOR ESCÁNDALO DE CANTABRIA"

Para Rafael Sebrango, que compareció en rueda de prensa junto a la secretaria general de la formación y candidata a la Alcaldía, Pilar de la Hera, se trata del "mayor escándalo urbanístico de la historia de Cantabria" que "deja en una cuestión casi pequeñita" el caso del Alto del Cuco.

La Unión está "procesando" informaciones recibidas, algunas de ellas en las "últimas horas", para determinar los posibles delitos vinculados a la operación (información privilegiada, tráfico de influencias e incluso prevaricación) y estudiar si lo denuncia ante los tribunales.

Sebrango, quien calificó a Víctor Gil como "el padre de toda esta historia", recalcó que la intención de La Unión no es "meter a nadie en la cárcel", sino "evitar" que llegue a consumarse el "delito", impidiendo la recalificación prevista en el PGOU para esos terrenos. Por ello, plantean primero la denuncia pública y, en función de la respuesta o del análisis de la información que están estudiando, puede que se vean "en breve en la obligación" de presentar denuncia contra el concejal de Urbanismo.

COMPRADORES

Entre los compradores de terrenos en la zona, Rafael Sebrango explicó que se encuentran varios miembros de la "familia Río", uno de los cuales, José del Río Miera, fue junto a Víctor Gil director técnico del PSIR en Reocín para el Parque Empresarial del Besaya. No obstante, la mayor parte de los terrenos adquiridos en la zona corresponden a la promotora Real de Piasca y sociedades de su grupo, de cuya vinculación con Gil La Unión no tiene constancia.

Entre los propietarios que La Unión ha podido identificar se encuentran Inmobiliaria Peñarreal, Inversiones Lanzahita/Real de Piasca Desarrollos Inmobiliarios, Real de Piasca Promociones Inmobiliarias, Real de Piasca Desarrollos Inmobiliarios, Terrenos de Adarzo S.L., José del Río Miera, José Manuel del Río Diestro y Antonio Diestro Santamaría.

Sebrango no cuestionó la actuación de dichos compradores y recalcó que en todo caso el "responsable" es el político, ya sea sólo el concejal de Urbanismo, o bien "más miembros de la Corporación" en función de lo que se ponga de manifiesto en las investigaciones que desarrolla el partido.

CRONOLOGÍA

El origen de toda la operación se remonta, según la información aportada por Rafael Sebrango y Pilar de la Hera, al año 2001, que es cuando se inicia la compra de terrenos rústicos ordinarios por parte de varios particulares frente al PCTCAN, que entonces no estaba proyectado. Así, recordaron que el proyecto del Parque Científico no se conoció hasta el año 2002 y hasta marzo de 2003 no fue aprobado el PSIR.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Santander inició los trámites para una modificación puntual del PGOU para incorporar dichos terrenos rústicos en el ámbito 7, junto al cual se ubicaban y que sí era urbanizable. Esa modificación no llegó a materializarse, pero se hace en cambio en la revisión del Plan General, que actualmente se somete a información pública.

Toda esa franja -el antiguo ámbito 7 (de unos 330.000 metros cuadrados) y la zona rústica que se le incorpora (más de 630.000)- pasa a formar parte del denominado SUP 4, para el cual se prevé un desarrollo "preferente" que ni siquiera se concede en el PGOU a la finca de La Remonta, sostiene La Unión.

En principio, la edificabilidad y densidad prevista para esos terrenos permitiría levantar unas 5.000 viviendas, pero a ello se añaden otras 1.475 de aprovechamientos del POL.

Según explicaron Sebrango y De la Hera, Real de Piasca compró terrenos protegidos por el POL en la franja costera norte de la ciudad (entre la Virgen del Mar y la Maruca) y el Ayuntamiento, acogiéndose a las compensaciones previstas por el Plan de Ordenación del Litoral, otorga a esos terrenos un aprovechamiento equivalente a 1.475 viviendas, vinculadas al SUP 4, donde se encuentran los otros terrenos comprados por la promotora.

Sin embargo, subrayan que el POL sólo prevé las compensaciones para zonas en las que, en el momento de entrada en vigor del plan, tuvieran "expectativas de desarrollo", algo que, en este caso, aseveran que no se cumple, porque antes de la protección del POL eran suelos no urbanizables de especial protección y, por tanto, "no había expectativas" de desarrollo ni "nada que compensar".

DENUNCIAS CON INDEPENDENCIA DE SIGLAS

Rafael Sebrango afirmó hoy tajantemente que "se está cometiendo un delito" de información privilegiada, "probablemente" también de tráfico de influencias y en concurso con "delitos de prevaricación", pero que "se puede llegar a evitar". De hecho, La Unión pretende "evitarlo" más que conseguir una condena. "Para nosotros no es lo más importante meter a nadie en la cárcel. Lo importante es que se evite esta mella en el interés público", recalcó Sebrango.

Sin embargo, la formación no dudará en denunciar ésta o cualquier otra situación de la que tengan "principio de prueba documental" de delito, como "no dudaron" en el caso del Bojar, y "sean cuales sean las siglas políticas que estén detrás del delito a perseguir".

Finalmente, Sebrango aclaró que La Unión no presentará alegaciones al PGOU por este asunto, porque entienden que no se trata de reformar una actuación administrativa, sino una "actuación delictiva". Aun así, les "consta" que hay organizaciones profesionales y particulares que alegarán.