BILBAO 19 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Universidad del País Vasco ha mostrado su satisfacción por la sentencia absolutoria dictada este martes por el Juzgado de lo Penal de Bilbao a favor de los profesores de la UPV/EHU Xabier Aierdi y Enrique Antolín, porque "certifica definitivamente la actuación adecuada de estos profesores en el desempeño de sus tareas docentes y, con ellos, la de toda la universidad".
El Juzgado de lo Penal número 1 de Bilbao ha absueltos a los profesores de la UPV, Xabier Aierdi y Enrique Antolín, acusados de prevaricación administrativa por permitir estudiar en la universidad vasca a los miembros de ETA deportados por Francia Belén González Peñalva y Ángel María Lete, según sentencia hecha pública por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).
En un comunicado, la UPV/EHU ha mostrado públicamente su satisfacción y ha felicitado a ambos miembros de la institución académica, por considerar que esta sentencia absolutoria supone "un paso trascendental en la larga polémica que pretendía señalar un comportamiento irregular de la Universidad en el desempeño de su labor docente".
Según ha recordado, las acusaciones determinaron la apertura de diligencias en 2005 y, "con ellas, la revisión de más de 500 expedientes académicos, la declaración de 36 personas (personal de administración y servicios, personal docente e investigador, y cargos académicos como rectores, decanos y vicedecanos) imputadas por prevaricación y falsedad documental, y la comparecencia como testigos de otras 18, todo ello generando un expediente de más de 5.000 folios".
La UPV/EHU remitió "reiterados informes explicando la normativa vigente sobre el proceso de matriculación, el sistema de evaluación del alumnado, la firma de actas y sus modificaciones posteriores, y los derechos de los estudiantes a distintas convocatorias".
A la vista de todo ello, ha destacado, "en ningún expediente se detectó ilegalidad alguna, ni en el procedimiento de matrícula ni en el de evaluación" y "todas las acusaciones a personas responsables de evaluaciones y firma de actas, incluidas las de personas deportadas, han sido sobreseídas".
Desde la UPV/EHU han señalado que "el propio Tribunal Constitucional, avaló la validez del Protocolo de Atención a Personas Internas en Instituciones Penitenciarias de la UPV/EHU" y han indicado que "solo se mantuvo la acusación de prevaricación sobre dos profesores que, por otra parte, no habían tenido responsabilidad alguna en los procesos de matrícula y evaluación de los dos alumnos deportados".
La Universidad del País Vasco, a través de su Consejo de Gobierno y su Consejo de Dirección, "ha proclamado reiteradamente que ambos profesores cumplieron con las obligaciones de sus cargos, colaborando, dentro del marco institucional, a garantizar la prestación del servicio público de educación superior a la que tenían derecho los estudiantes de este grupo", han subrayado desde la UPV/EHU.
Del mismo modo, ha recordado, "un amplio movimiento de solidaridad, promovido desde el propio profesorado, recabó más de 1.100 firmas para una declaración en apoyo de los imputados, en la que se afirmaba, entre otras cosas, que los profesores imputados se encontraban en una situación en la que cualquier otro miembro del profesorado de la UPV/EHU podría haberse encontrado en el cumplimiento de sus obligaciones".