La UPF afirma que la actuación de la Fiscalía en el "caso De Juana" fue legal y dentro de la "normalidad profesional"

MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) manifestó hoy que la sustitución a última hora del fiscal de la Audiencia Nacional Jesús Alonso, encargado inicialmente de acusar al etarra Juan Ignacio de Juana Chaos por un delito de amenazas terroristas, fue legal y se desarrolló "dentro de la normalidad profesional plena".

En un comunicado remitido hoy, la UPF lamenta las críticas tras la renuncia del fiscal adscrito al caso, Jesús Santos, quien se opuso rebajar su petición inicial de 96 años de cárcel para De Juana, y su sustitución por Fernando Burgos, quien solicitó en el juicio, celebrado el pasado viernes, 13 ó 4 años de prisión, en función del delito que el tribunal entienda cometido.

La UPF critica que el cambio se haya utilizado de manera tendenciosa por algunos. "En una institución regida por los principios de jerarquía y unidad de actuación, las discrepancias entre sus miembros se resuelven por esos mismos principios, es decir, las resuelve un superior", señala el escrito.

Según esta asociación, nada impide al fiscal discrepante, "sin necesidad de heroicidades ni ejemplos de ciudadanía", manifestar esa discrepancia y solicitar incluso la relevación en el asunto, "pudiendo llegar, en el caso de recibir una orden, a salvar su responsabilidad exigiendo que dicha orden se libre por escrito", tal y como lo autoriza el artículo 27 del Estatuto Fiscal.

En el caso del juicio a De Juana, la discrepancia de Alonso se resolvió con su sustitución por otro compañero "sin que se haya producido ninguna actuación ilegal o improcedente", según la UPF. Agrega el comunicado que "nada es reprochable" al fiscal inicial del caso, "pero tampoco al fiscal jefe que acordó su sustitución -Javier Zaragoza-, ni mucho menos al compañero que le sustituyó".

Finalmente, señala la UPF que no comparte la petición a la Fiscalía de la Audiencia Nacional de una explicación pública de la modificación que se haya podido producir en la causa, "ya que la explicación debe darse donde se hizo, en el juicio oral, que goza de plena publicidad, y es donde los fiscales deben explicar sus actuaciones y las razones de sus acusaciones".

El pasado día 26, un día antes de celebrarse el juicio contra De Juana, Jesús Alonso renunció a representar al Ministerio Público durante la vista por discrepar del criterio del fiscal jefe de este órgano judicial, Javier Zaragoza, sobre la base jurídica que existe para sostener la acusación inicial por el delito de integración en organización terrorista.

Alonso pidió "ser excusado", por motivos personales de asistir a la vista oral, tras mantener una conversación con su jefe sobre los criterios jurídicos existentes para seguir manteniendo una condena para De Juana por un delito de integración en banda armada, delito por el que el ex miembro del "comando Madrid" de ETA ya ha cumplido condena.

El caso fue asignado a Burgos, quien rebajó la petición inicial de la Fiscalía, de 96 años de cárcel, a 13 años de prisión por amenazas terroristas, o bien a 4 años si los hechos son considerados actividad terrorrista en concurrencia con un delito de entaltecimiento del terrorismo.