UPyD centra sus resoluciones en corrupción y transparencia

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) va a utilizar una de sus 15 propuestas de resolución del Debate sobre el estado de la Nación para intentar que el Pleno del Congreso apruebe instar un cambio legislativo que permita el control parlamentario de los indultos concedido por el Gobierno. Además, defenderá la reforma la ley electoral, cambios en la elección de los miembros del varios órganos constitucionales y medidas contra la corrupción y en favor de la transparencia.

La formación que lidera Rosa Díez considera que el Congreso debe controlar el ejercicio del derecho de gracia por parte del Gobierno, que los indultos dejen "de usarse de forma arbitraria", mediante una motivación detallada de los mismos, y que su concesión pueda ser recurrida la jurisdicción contencioso-administrativa.

En otros de sus textos, a los que ha tenido acceso Europa Press, sugiere reformar la Electoral General para combinar los escaños por provincias con una circunscripción estatal de la que salgan lo diputados restantes, así como la implantanción de listas desbloqueadas, de manera que cada elector pueda alterar el orden de los candidatos de la lista. Este sería un paso previo para la introducción de listas totalmente abiertas cuando existan las herramientas informáticas adecuadas.

También pretende que el Congreso inste al Gobierno a presentar en seis meses un proyecto de ley que establezca un sistema o régimen general retributivo de los todos los cargos políticos electivos y no sólo de los del ámbito local, como prevé el Ejecutivo.

En otra de sus iniciativas apuesta por modificar la Ley de Partidos para que todos elijan a sus cabezas de lista mediante primarias con voto directo y secreto y que el resto de candidatos sean designados también de forma "abierta y transparente". Este proceso sería convocado en todos los partidos a la vez por las Juntas Electorales existentes, que también controlarán el censo de votantes.

Asimismo, abogan por que la ley fije la periodicidad máxima con la que los partidos han de celebrar sus congresos, que las votaciones en los cónclaves sean "directas y secretas" y que delegados no tengan mandato imperativo. En la misma línea, piden que los órganos internos del partido sean elegidos por voto directo y secreto entre todos los afiliados en función de los territorios.

DESPOLITIZAR EL TRIBUNAL DE CUENTAS

En cuanto a la financiación de partidos, demandan que la Intervención General del Estado controle las cuentas de manera anual y que cada uno las publique en su página web, según un formato homologado. En paralelo, pide cambios en la elección de los consejeros del Tribunal de Cuentas para "garantizar su independencia y despolitización", que su personal se elija conforme a "criterios estrictos de mérito y capacidad y reforzar sus medios para la fiscalización de los partidos políticos.

La formación magenta plantea también que la futura Ley de Transparencia afecte a todas las instituciones públicas, incluida la Corona, los partidos, sindicatos, organizaciones empresariales, y cualquier otra institución o empresa que reciba fondos públicos.

PUBLICAR GASTOS DE PROTOCOLO

Además, piden que se publique un perfil de cada puesto público, incluidos los cargos de confianza y de libre designación, sus requisitos de acceso, los currículos de los candidatos que concurran a ocuparlo, y la motivación de los nombramientos y ceses que se produzcan. En la misma línea, solicita que se difunda el uso que se da a los coches oficiales, las tarjetas y gastos de protocolo, así como los gastos de campañas oficiales y sus motivos.

Quiere que se obligue a publicar sus declaraciones de la renta y patrimonio a los miembros del Gobierno y altos cargos, los diputados y senadores, las "principales instituciones del Estado" y de los cargos similares en las Comunidades Autónomas y ayuntamientos.

Otra de sus peticiones versa sobre la regulación en la Ley de Transparencia de los grupos de influencia 'lobbies' y de su actividad, que se cree un órgano de control y sanción independiente del poder político, para asegurar el cumplimiento de la norma y que se convierta en una ley orgánica evitar su inaplicación por la colisión con otras del mismo rango como la de protección de datos.

El partido que lidera Rosa Díez quiere que se incluyan en el Codigo Penal los delitos específicos de financiación ilegal de partidos políticos y de enriquecimiento ilícitos de cargos públicos y que se pueda castigar penalmente a los cargos públicos que falsifiquen sus declaraciones de patrimonio.

También pide un tipo delictivo autónomo para la omisión o falsedad deliberada por parte de los partidos, tanto de sus estados contables como de su patrimonio social y la inclusión en el Código del delito de "enriquecimiento ilícito o injusto" de los cargos públicos electivos.

ELECCIÓN DEL CGPJ Y RTVE

La formación magenta pide, en otra de su resoluciones, modificar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial de manera que 12 que eligen jueces y fiscales sean designados de forma directa en listas abiertas, voto secreto pero no sólo por jueces y magistrados sino también por secretarios judiciales, fiscales y letrados. Los ocho vocales restantes --cuatro por cada Cámara-- se elegirán entre juristas de reconocida competencia con más de veinte años de ejercicio. Sólo podrán acumular dos mandatos.

También recomienda cambiar la ley para garantizar la independencia de los miembros del Consejo de Administración de RTVE y que sean elegidos en función de su mérito y capacidad. En concreto, propone una convocatoria pública de plazas, que los candidatos sean examinados por el Congreso y designados como mínimo por tres quintas partes de la Cámara y con un número mayor de grupos parlamentarios a favor que en contra.

En otro de sus textos, UPyD plantea que la concesión de ayudas o rescates a la comunidades autónomas se concedan con carácter finalista y se dediquen a garantizar el mantenimiento de los servicios públicos esenciales, también aboga por la fusión de municipios pequeños y la supresión de las Diputaciones Provinciales.

DESAHUCIO, EMPLEO Y PREFERENTES

En materia de empleo, defenderá la creación de un contrato único indefinido, la mejora de la protección de los parados y la puesta en marcha de una Estrategia Laboral para trabajadores de más edad.

Y en cuanto a las ejecuciones hipotecarias apuesta por permitir la liquidación legal de las deudas impagables "con fórmulas de dación en pago mediante concurso privado de acreedores, negociación de la deuda entre acreedor y deudor, medidas de protección contra el sobreendeudamiento, y cualquier otra que garantice una segunda oportunidad a los afectados". Quieren que mientras estas propuestas se plasmen en una ley se paralicen los desahucios.

La exigencia de responsabilidades las cúpulas de las Cajas nacionalizadas, la devolución íntegra de su dinero a los estafados por la venta indebida de participaciones preferentes, la lucha contra el fraude fiscal evitando los efectos perniciosos de la reciente amnistía y una reforma fiscal integral, son otras de las demandas que UPyD someterá a votación el martes.