UPyD lamenta las "aberrantes" condiciones del arresto del presidente de AUME, tratado "como si fuera un delincuente"

Actualizado 10/04/2013 21:30:11 CET

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Defensa de UPyD, Irene Lozano, ha criticado este miércoles las "aberrantes" condiciones del arresto del presidente de la asociación mayoritaria de militares, el subteniente Jorge Bravo, al que ha visitado junto a la líder de este partido, Rosa Díez, en el centro disciplinario donde se encuentra recluido Bravo desde la semana pasada.

En declaraciones a Europa Press, Lozano ha lamentado la situación en la que se encuentra el presidente de la AUME, al que "tratan como si fuera un delincuente", dando así "una idea de ejército que no se corresponde con la realidad". "Eso no es lo que tiene que ser un ejército moderno", ha recalcado.

Según ha explicado la diputada de UPyD, las instalaciones del centro disciplinario son adecuadas, pero chocan las condiciones del arresto que les ha explicado Bravo: con "cacheos" después de recibir visitas, siendo despertado todos días con música alta y con su intimidad "vulnerada" en algunas ocasiones, como por ejemplo ocurrió al recibir un telegrama, que le fue abierto.

Con todo, ha asegurado que Bravo está "animado" y al tanto de las expresiones de apoyo que está recibiendo y que le traslada su abogado y secretario general de la asociación, Mariano Casado.

UPYD ESTUDIA ACUDIR A LA DEFENSORA DEL PUEBLO

Por su parte, la diputada ha explicado que su partido está estudiando la posibilidad de pedirle a la Defensora del Pueblo que pida al Tribunal Constitucional que le ampare. AUME también tiene previsto recurrir a este tribunal si se les deniega el 'habeas corpus' que han solicitado.

Además, Lozano ha lamentado la postura del ministro de Defensa, Pedro Morenés, quien esta mañana ha defendido los límites a la libertad de expresión de los militares, al ser preguntado por este asunto en el Pleno del Congreso.

La diputada ha asegurado haberse quedado "helada" cuando el ministro ha avanzado además que la reforma del régimen disciplinario que llevará próximamente a las Cortes mantendrá las restricciones a la libertad de expresión de la anterior norma, de 1998.

Su partido, ha dicho, tratará de que "no se recoja ese espíritu, sino el de la ley de derechos y deberes" aprobada por unanimidad en 2011, aunque ha reconocido que la mayoría absoluta del PP deja "malas perspectivas" de que se pueda conseguir cambiar un proyecto que "habría que reformarlo de arriba a abajo".