UPyD pide auditar los Programas de Armamento y renegociar con la industria ante el riesgo de "colapso financiero"

EUROPA PRESS

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha presentado una proposición no de ley en el Congreso en la que insta al Gobierno a encargar una auditoría de los Programas Especiales de Armamento (PEA) y darla a conocer en un plazo de seis meses para, posteriormente, llevar a cabo una renegociación con la industria que rebaje la factura de dichos programas con el fin de hacerla asumible.

La diputada Irene Lozano ha presentado en rueda de prensa un informe elaborado por su partido con el asesoramiento del analista de Defensa Bernardo Navazo y basado en los datos de un acuerdo entre el Ministerio de Defensa y el de Hacienda aprobado en el Consejo de Ministros del 2 de agosto de 2013, que, según ha dicho, hasta ahora "había permanecido secreto".

Con ese acuerdo, Hacienda autorizó pagos a Defensa por un total de 22.500 millones, con su correspondiente calendario, tras la renegociación que el ministro de Defensa, Pedro Morenés, había llevado a cabo desde 2012 sobre los PEA.

El precio total de los 19 programas principales de adquisición de sistemas de armas es de unos 29.500 millones de euros (el 3% del PIB). Mientras que con la antigua planificación de 2009 quedaban por pagar a la industria unos 20.000 millones durante el periodo 2014-2015, tras la renegociación restan por abonar unos 22.000 millones de euros durante el periodo 2014-2030 (ya que se amplía cinco años).

DEFENSA NECESITA 1.320 MILLONES EXTRA CADA AÑO

Según UPyD, este encarecimiento genera una necesidad media de financiación extra del Ministerio de Defensa de 1.320 millones anuales. El calendario de los pagos comprometidos por los PEA es, a su juicio, de "muy difícil cumplimiento" porque, aunque en 2014 son más de 915 millones de euros, las cantidades aumentan considerablemente a partir de 2016 hasta superar los 2.045 millones en 2020, y eso generará una situación de "colapso financiero".

El informe señala que los pagos anuales por los PEA consumirán el 20% del presupuesto de Defensa en 2018 y cerca del 30% en 2020, "poniendo en peligro el normal funcionamiento del departamento, causando destrozos en el grado de operatividad del Ejército español y en detrimento de la seguridad y defensa del país".

Por otro lado, UPyD ha denunciado que el Gobierno se ha servido de decretos leyes para, a lo largo del año fiscal, obtener recursos con los que sufragar la adquisición de los PEA al no haberlos incluido de manera ordinaria en los presupuestos de Defensa.

LOS DECRETOS LEY SON INCONSTITUCIONALES

UPyD ha censurado esta forma de proceder del Gobierno, que pretende, en su opinión, "minimizar la exposición pública de una cuestión controvertida", y ha advertido de que es "claramente inconstitucional", puesto que solo se puede legislar por decreto en casos de "extraordinaria y urgente necesidad".

Se hizo en 2012 y 2013, aumentando el presupuesto del Ministerio en un 10 y un 18%, respectivamente, y, según la formación magenta, Defensa solicitará este año, previsiblemente, un aumento presupuestario de 915 millones de euros.

Sin embargo, Lozano ha indicado que al Ejecutivo no le resultará tan fácil usar esta fórmula en el futuro porque, si los partidos minoritarios aumentan su representación en las Cortes, podrían presentar un recurso de inconstitucionalidad.

OPACIDAD, DESPILFARRO Y CONFLICTOS DE INTERESES

El partido de Rosa Díez ha criticado la "opacidad" con la que, a su entender, actúa el Gobierno respecto a los PEA, cuya documentación es de "muy difícil acceso". Además, considera que se está administrando de forma "irresponsable" el presupuesto de Defensa y que se han producido situaciones de "fraude, abuso, negligencia, despilfarro, conflicto de intereses y sobrecostes".

Según ha señalado, el Ministerio es "incapaz" de calcular el coste, algunos sistemas de armas "no responden a las necesidades estratégicas de España", se desvía una "ingente cantidad" de recursos del presupuesto "en detrimento de necesidades reales de las Fuerzas Armadas" y existen "dudas sobre la integridad" de los responsables públicos de estas adquisiciones.

Por tanto, Lozano ha concluido que "la mayor amenaza para la seguridad de España es el propio ministro", que, con sus decisiones sobre los pagos de los PEA, demuestra que ha negociado "pensando más en los intereses de la industria" que en los de las Fuerzas Armadas y el país.

PLAN DE PAGOS Y UTILIDAD DE LOS PROGRAMAS

Ante esta situación, UPyD solicita al Gobierno en su proposición no de ley que encargue "con carácter inmediato" una auditoría de los PEA que, en un plazo máximo de seis meses, dé a conocer la utilidad real de los 19 programas, la cantidad de los programas recepcionados y los que no, la vigencia o denuncia de los contratos y el coste y plan de pagos de cada programa.

También pide que se publiquen los calendarios de devolución de los préstamos concedidos por el Ministerio de Industria a las empresas productoras de los PEA y los calendarios de entrega de cada programa y de imputación del déficit correspondiente.

Asimismo, en su proposición reclama una renegociación con la industria que rebaje la factura y la haga "asumible" para el Ministerio "sin poner en riesgo la Defensa española, sin mermar las capacidades de nuestras Fuerzas Armadas y sin aumentar el déficit público".