MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Parlamentario de UPyD, a instancia de su portavoz, Rosa Díez, ha registrado en el Congreso una pregunta para que el Gobierno aclare si el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria estaban al tanto de la indemnización otorgada por el PP a su ex tesorero Cristóbal Páez y si, en el caso de no tener constancia, tiene intención de dar instrucciones para que se investiguen los hechos "ante la evidencia de notorias ilegalidades".
Tal y como denuncia la formación magenta en la pregunta registrada, para la que solicita respuesta por escrito, las informaciones publicadas ponen de manifiesto que el PP pagó una indemnización "muy superior" a la máxima establecida y que su tributación "no se ajustaría a los requisitos legales" vigentes en ese momento.
Según publicó el diario El Mundo, a Páez le correspondía una indemnización de 115.500 euros al abandonar su puesto en el PP pero se le abonaron otros 350.000 euros como cantidad complementaria, lo que supone, a juicio de la líder de UPyD, que se ha cometido un "delito económico y fiscal" atribuible a la dirección nacional del PP y al propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
En concreto, UPyD asegura que en dicha operación se habrían dejado de ingresar a las arcas públicas del Estado aproximadamente 96.000 euros, ya que se le retuvieron 116.000 euros en lugar de los 212.831 que marcaba el programa de retenciones del año 2010, lo que resulta, a su parecer, "escandaloso por ser en este caso el infractor nada menos que el partido que gobierna en España".
¿SE LE APLICARON LAS RETENCIONES ADECUADAS?
Por ello, Díez pregunta al Gobierno si Hacienda y la Agencia Tributaria poseían dicha información y si, en el caso de ser así, comprobaron "que las retenciones aplicadas fueron las pertinentes". Asimismo, pregunta si el Gobierno tiene intención de investigar los hechos en el supuesto de que no estuvieran al tanto de los hechos.
Además, la formación liderada por Díez pregunta si el Gobierno considera "recomendable y ejemplarizante que se paguen indemnizaciones, con fondos públicos, de 186 días por año trabajado, después de reducir drásticamente las indemnizaciones por despido en la reforma laboral".
